Coalianza liderará otro proceso de APP “confidencial” con tres terminales. Palmerola fue adjudicada en 2015
El gobierno confirmó que el cierre del aeropuerto Internacional de Toncontín, tiene sus días contados y se concretaría, tras el anuncio de Coalianza e Insep de solicitar “expresiones de interés” para buscar un operador que maneje tres terminales aéreas.
El anuncio gubernamental proyecta atraer inversiones referenciales por “100 millones de dólares” en obras para los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán por un período de 30 años.
El proceso comienza esta semana con la firma de un “acuerdo de confidencialidad” con las empresas interesadas, para la posterior compra de “bases de expresión de interés” a partir del 20 de mayo (próximo lunes).
Los interesados tendrían un mes para responder, sin que exista compromiso alguno para el gobierno.
Según Coalianza e Insep, será a través de una Asociación Público Privada (APP), contemplada en el Decreto 143-2010, proceso que ya se aplicó en Comayagua con la empresa nacional Emco que construye el aeropuerto en Palmerola.
La actual concesión aeroportuaria, aprobada por 20 años, termina en junio del 2020 y está a cargo de Aeropuertos de Honduras. Ese contrato establece el pago de una canon del 34% anual de los ingresos por servicios en las cuatro terminales aéreas.
Esta figura de canon no aparece en los contratos APP firmados por Coalianza.
Toncontín condenado con Palmerola
La concesión de “Palmerola International Airport” es por 30 años y establece que previo a su entrada en operación, el aeropuerto de Toncontín deje de ofrecer servicios internacionales y pase a ser una terminal nacional.
El contrato con Emco, está basado en el Decreto Ejecutivo PCM-016-2016 (17/03/2016) y el PCM-041-2016 (Acuerdo de Entendimiento y Aceptación referente a Modificación de Cláusulas al Contrato de Concesión).
Se estima una inversión de ciento sesenta y tres millones de dólares (163.259.367 millones de dólares), de los cuales el aporte del concesionario es de $87.148.311.90 millones, y fondos públicos (alivio de deuda de España) por $53.256.122.60 millones.
El contrato establece garantías de pago para el concesionario, en que caso que no logre atraer el número de viajeros proyectado por el gobierno.
