El Consejo de Ministros, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 015-2026, declaró la expropiación por utilidad pública de los bienes inmuebles o fracciones de terreno requeridos para liberar el derecho de vía del proyecto denominado «Libramiento Sur de Tegucigalpa»-.
El anuncio oficial se realizó en Casa de Gobierno mediante una comparecencia de prensa encabezada por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, junto a la subsecretaria de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Liana Martínez, y el asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa.
La nueva vía, que abarca una extensión aproximada de ocho kilómetros, conectará el anillo periférico a la altura de La Cañada con el kilómetro 7.5 de El Tizatillo en la carretera CA-5 Sur.
Esta obra se consolida como la alternativa vial definitiva para mitigar el intenso congestionamiento que afecta a más de 45.000 vehículos diarios y reducir los traslados de hasta cuatro horas que sufren los habitantes de la periferia sur y de municipios aledaños como Ojojona, Santa Ana, San Buenaventura y Sabanagrande.
«Son más de 8 kilómetros y se beneficiarán miles de compatriotas que residen en todas estas zonas», dijo el nuevo ministro de Estrategia y Comunicaciones, Héctor Ordóñez.
Siete meses de retraso
La subsecretaria de la SIT, Liana Martínez, explicó que el proyecto recibió su orden de inicio el 29 de septiembre de 2025 con un plazo de ejecución de 24 meses.
No obstante, debido a las complejidades para la liberación de accesos, la obra registra un estancamiento en su porcentaje de pavimentación.
«Tenemos un atraso de siete meses en la ejecución de este proyecto, por lo que el presidente Asfura solicitó tomar esta medida en Consejo de Ministros para avanzar de inmediato con la maquinaria y la instalación del equipo de concreto», detalló Martínez.
Garantía de justiprecio
El asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa, fundamentó jurídicamente la medida en los artículos 103 y 106 de la Constitución de la República y el artículo 17 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública.
Zacapa enfatizó que el procedimiento respeta rigurosamente el derecho de propiedad e incluye una indemnización justa y basada en el valor de mercado.
Si el propietario no acepta el monto técnico establecido por la comisión de justiprecio, la SIT procederá a consignar y depositar dichos fondos ante el juzgado civil competente o una institución bancaria para dejar los recursos reservados a nombre del afectado.
Esto permitirá que los trabajos de terracería y construcción continúen sin detenerse, mientras el ciudadano conserva intacto su derecho de impugnar el monto por la vía judicial.
«Como Gobierno responsable, lo dejamos claro de manera técnica y legal: el pago al justiprecio por las tierras que se necesitan para este libramiento va. Eso no es negociable», apuntó.
