En un plazo de 10 días, y a semanas del traspaso de gobierno, el Ejecutivo aprobó una «licitación exprés» de servicios de la terminal aérea del Ramón Villeda Morales, ubicado en La Lima, pero bajo administración de San Pedro Sula.
En la página oficial de Honducompras, se publicó con fecha 26 de diciembre de 2025, los términos de referencia para licitación de administración de base fija del aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula.
Los términos de referencia que incluyen las especificaciones técnicas del proyecto y los detalles del proceso de contratación que están disponibles en el portal web, www.san.hn. Podrán participar las empresas legalmente constituidas o representadas en el país, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
La entrega de ofertas podrá realizarse el 5 de enero de 2026, en un horario de 8.00 de la mañana a 4.00 de la tarde en las oficinas administrativas del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), en la ciudad de Tegucigalpa.
En los términos de referencia se publican los tipos de servicios, la llegada y salida nacionales e internacionales, incluyendo la coordinación de aduanas, y migración e inspección fitosanitaria de ser requerida. Alquiler de hangar, plataforma para pernoctas, atención diaria de personal certificado en un conjunto específico durante el horario de operación de las aeronaves que deseen extender su horario de atención.
Igualmente, servicios como la coordinación para el abastecimiento de combustible para aeronaves. La coordinación para servicios de apoyo en tierra y el remolque de aeronaves, clasificación, estacionamiento y amarres. Además, a estos se le suman 12 servicios adicionales.
Se pone de manifiesto que la SAN se reserva el derecho de declarar decierto el proceso, en caso de que se considere que ninguna de las propuestas que se reciban satisface completamente los requerimientos que incluyen en estos términos de referencia.
Asimismo, se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta, anular o declarar fallido o fracasado el proceso, decidir extenderlo, cancelarlo o aplazarlo parcial o totalmente. Decidir cuándo lo considere conveniente a los intereses institucionales, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a lo oferente.
