La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (Sedena) anunció la apertura de una subasta pública internacional para la venta del avión presidencial modelo Embraer Legacy 600, proceso que se desarrollará el próximo 10 de julio en las instalaciones de la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa.
Indicaron que la recepción de las ofertas económicas formales se realizará en un margen de dos horas, comprendido entre las 9:00 de la mañana y 11: 00 de la mañana, y se extendería hasta las 4:00 de la tarde.
La convocatoria está dirigida a personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, interesadas en participar en el proceso de licitación de la aeronave, la cual, según el informe oficial, se encuentra en óptimas condiciones de mantenimiento.
“En un esfuerzo conjunto por optimizar los recursos públicos, la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (SEDENA) y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) han convocado oficialmente a una subasta pública internacional para la venta de la aeronave de uso presidencial, programada para el próximo mes de julio”, señala el documento.
El documento legal suscrito por el Secretario de Estado por Ley de SEDENA, Justo Rafael Cano Martínez, y la Directora Ejecutiva de la DNBE, Fanny Paola Martínez, la convocatoria está abierta de manera pública a cualquier persona natural o jurídica, tanto de origen nacional como extranjero, que cumpla con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
El avión presidencial estará disponible para inspecciones físicas in situ en las instalaciones aéreas, y que los interesados y sus equipos de especialistas técnicos deberán agendar su visita con un mínimo de 24 horas de anticipación a través de los correos institucionales.
El avión presidencial fue adquirido en 2014 por un costo aproximado de $14 millones (unos 297.8 millones de lempiras al tipo de cambio de ese año). Actualmente, el valor de mercado de esta aeronave ronda entre los $6 y $10 millones.
Este avión ha sido altamente cuestionado desde su adquisición, por la infomación que provenía de donación de Taiwán, pero que después se confirmó que fue pagado con deuda a través del fideicomiso de la Tasa de Seguridad (Tasón).
Además por el alto costo de mantenimiento (más de L400 millones) que involucraba al representante de la empresa privada en el fideicomiso.
