La Secretaría de Planificación Estratégica manejo los recursos a través de la OEI
La Secretaría de Planificación Estratégica, creada por la administración de Xiomara Castro, habría usado 175 millones de lempiras en fondos propios y del magisterio (INPREMA) y jubilados (INJUPEMP) para el pago de médicos y asesores extranjeros.
De acuerdo con Leonel Núñez, presidente de la Comisión Liquidadora creada por la actual administración, informó que las tres instituciones manejaron un convenio por 175 millones 290.000 lempiras, que fueron canalizados a través de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos).
INPREMA aportó 35 millones e INJUPEMP otros 35 millones y la Secretaría de Planificación Estratégica 105 millones de lempiras. Según el abogado, la información de las «contrataciones no se tiene en planificación, ni en IMPREMA ni en INJUPEMP, porque el mismo convenio establece una secretividad».
“Estos fondos eran depositados en una cuenta a nombre de la Organización de Estados Unidos Iberoamericanos, con el fin de poder me imagino, la contratación de médicos cubanos, profesores, asesores, y en donde ellos se encargaban de la parte administrativa”, señaló Núñez.
«Los institutos de previsión no tenían facultad legal para transferir fondos destinados a jubilación y pensiones de sus afiliados hacia otros propósitos sin aprobación específica de sus asambleas y autorización de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. El uso de estos fondos para pagar asesores extranjeros y médicos cubanos constituiría una violación clara de los estatutos que regulan estos institutos y podría configurar dolo por parte de los funcionarios responsables», declaró el comisionado.
Señaló que la intervención de la OEI, fue «opaca sin registros transparentes en las instituciones originarias». Permitía que la Organización contratara y pagara directamente a profesionales extranjeros, ocultando los detalles específicos de estas contrataciones.
Más allá de las irregularidades financieras, se detectaron anomalías operacionales graves en la Secretaría de Planificación. La institución tenía una planilla mensual de más de 25 millones de lempiras (reducida a 16 millones tras el cambio de gobierno), pagaba más de 13 millones mensuales por un edificio que ya fue devuelto, y ocupaba un piso completo en el Centro Cívico.
Espionaje
Además denunció que en diciembre, tras la derrota electoral del gobierno anterior, extranjeros retiraron los discos duros de computadoras en la Secretaría de Planificación.
«Se confirmó la existencia de una oficina de acceso restringido en la Secretaría de Planificación integrada exclusivamente por personal cubano y venezolano, dedicada a operaciones de espionaje digital. Esta unidad monitoreaba redes sociales, compraba programas de inteligencia artificial para detectar comentarios críticos y atacar a miembros de la oposición, funcionando prácticamente como un centro de operaciones para defender al gobierno y desacreditar a sus detractores», declaró.
Los hallazgos remitidos TSC y la Procuraduría General de la República podrían configurar delitos graves como malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y fraude.
En términos generales, sostuvo que «no hay transparencia» en el uso de los mil millones de lempiras asignados a Planificación Estratégica. Estimó que el Tribunal Superior de Cuentas debe realizar una auditoría exhaustiva y determinar si habrán reparos o cargos administrativos o penales.
