Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos reactivó este martes una demanda de informantes que acusa a cuatro grandes farmacéuticas de defraudar a los gobiernos federal y estatal por cientos de millones de dólares mediante el cobro excesivo de medicamentos para pacientes de bajos ingresos y sin seguro.

En una decisión unánime de 3-0, el Tribunal de Apelaciones del 9.o Circuito de EE UU en Pasadena, California, dictaminó que AbbVie, AstraZeneca, Novartis y Sanofi deben defenderse de las acusaciones de haber violado la Ley de Reclamaciones Falsas federal a través de su participación en el Programa de Precios de Medicamentos de la Sección 340B.

Creado por el Congreso en 1992, el programa permite a los proveedores médicos comprar fármacos a precios reducidos, y a no más de 0.01 dólares — lo que se conoce como «precio de un centavo» — cuando los precios máximos legales de los medicamentos caen por debajo de cero.

Adventist Health System/West, una organización sin fines de lucro con sede en Roseville, California, que cuenta con más de 440 hospitales y clínicas, afirmó que muchos años de sobrecostes por parte de las cuatro farmacéuticas provocaron que Medicare y Medicaid pagaran reembolsos inflados.

Según la entidad, esto cesó cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. decidió en 2019 imponer cuantiosas multas civiles por violaciones de precios de la Sección 340B.

La jueza de circuito Roopali Desai escribió en nombre del tribunal de apelaciones que, si bien la Sección 340B no otorga a los proveedores médicos el derecho privado de demandar a las farmacéuticas por sobrecostes, sí pueden demandar bajo la Ley de Reclamaciones Falsas para recuperar daños por presunto fraude que cause una «pérdida financiera» al gobierno.

Las reclamaciones de Adventist «pertenecen al gobierno», y «no importa» que Adventist no pueda demandar en su propio nombre, escribió Desai.

AbbVie, AstraZeneca, Novartis, Sanofi y sus respectivos abogados declinaron hacer comentarios. Los abogados de Adventist no respondieron de inmediato a solicitudes similares.

El tribunal de apelaciones devolvió el caso al juez de distrito de EE. UU. Dale Fischer en Los Ángeles, quien lo había desestimado en marzo de 2024.

La Ley de Reclamaciones Falsas permite a los informantes demandar en nombre del gobierno y participar en las recuperaciones de fondos.

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