La exvocera de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Ana María Calderón, explicó que el proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional por el Partido Libre, para la instalación de una comisión internacional es jurídicamente inviable.
Calderón en referencia a la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), aclaró que, para lograr la instalación de dicha comisión, lo que se requiere es la firma de un convenio o tratado entre el gobierno de Honduras y una entidad internacional. En este caso el Gobierno de Honduras y la ONU.
El siguiente paso sería la aprobación de este tratado por parte del Congreso Nacional, dado que no se trata de un acuerdo entre dos instituciones nacionales, sino de una cooperación técnica internacional. “Esto es lo que debe ocurrir antes de cualquier otra norma”, dijo.
Calderón manifestó su sorpresa al ver que en el Congreso se discutía dar carácter constitucional a la CICIH, pero no se aprobó por no alcanzar la mayoría calificada (86 votos). Al revisar el proyecto de ley, observó que se pretendía otorgar una personería jurídica con carácter de querellante autónomo a la CICIH.
Sin embargo, recordó que la CICIH aún no existe en el país. “Primero tiene que existir la comisión y luego darle las facultades”, explicó.
Identificó dos puntos preocupantes en el proyecto de ley. Primero, la intención de otorgar la figura de querellante autónomo a la CICIH, que aún no ha sido establecida. Segundo, la designación del Fiscal General como responsable de acreditar la personería jurídica como querellante autónomo a cada miembro que integre y solicite la CICIH a través de su máxima autoridad, que es “otra contrariedad”.
Para la exvocera todo el proyecto de ley propuestos es un “imposible jurídico”, en términos legales.
