La administración de Donald Trump sigue firme con su plan de fortalecer el funcionamiento del ICE, pese a las críticas recibidas por la comunidad migrante y la oposición. Para cumplir este objetivo, avanzaron con una acción concreta: la compra de propiedades en todo el país, las cuales se convertirán en nuevos centros de detención.
El objetivo, según el propio Departamento de Seguridad Nacional, es dejar de depender de infraestructuras de terceros.
A pesar de las denuncias contra ICE, el cuerpo de seguridad antimigratorio continuó con sus operativos en todo el país, con los mismos métodos y las mismas irregularidades. Esto llevó a que múltiples figuras políticas, tanto opositoras como oficialistas, adopten una postura negativa frente a las redadas.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue una de las principales críticas, quien pidió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que frene las redadas.
Y si bien es cierto que los republicanos mostraron apoyo a la doctrina antimigratoria impulsada por la administración de Donald Trump, reconocieron la existencia de irregularidades en estos operativos. Incluso el mismo presidente exigió transparencia en las redadas. No obstante, advirtió que la presión sobre los migrantes ilegales no frenará y el ICE expandirá su capacidad operativa en todo el territorio nacional.
Nuevos centros de detención
Entre las medidas adoptadas por el DHS para expandir las capacidades operativas del ICE se encuentra la compra de nuevas propiedades para crear centros de detenciones propios. Desde el Gobierno de Donald Trump advierten que este enfoque aumentará la eficacia de las operaciones contra los inmigrantes indocumentados.
«Estamos trabajando con contratistas para diseñar, construir y brindar servicios integrales para los nuevos centros de detención», explicó el DHS en un reciente comunicado. Y en esa misma línea, agregó: «Este nuevo modelo aumentará considerablemente las capacidades para expulsar eficazmente a los inmigrantes indocumentos de nuestro país».
Sin dar nombres, la administración republicana, señala que los contratistas en cuestión cuentan con amplia experiencia trabajando junto al gobierno federal y aseguran de que los nuevos centros de detención del ICE cumplan con los estándares de detención, «eliminando cualquier irregularidad».
De acuerdo a un reciente informe del Washington Post, la administración republicana destinó un total de 38 millones de dólares para modernizar y administrar estos almacenes industriales. En un principio, los trabajos se realizarán en propiedades ubicadas en Maryland y Arizona, que solían pertenecer a empresas, pero la idea es replicar esta operación a lo largo de todo el país.
De esta forma, el ICE expandiría sus unidades operativas a nivel nacional y dejaría de lado los problemas de infraestructura, que se reflejan en la ineficiencia en el accionar del organismo.
