La aprobación de concesiones de explotación y exploración que otorga el Estado de Honduras está creciendo a un ritmo acelerado a pesar de los riesgos socioambientales y, en el caso específico de la minería, su baja contribución al desarrollo económico del país.
Así lo advierte el informe “Territorios en riesgo II”, realizado por las ONGs, Oxfam y Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), además de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El informe analiza la distribución de los beneficios y perjuicios del sector minero, energía y petróleo, en términos de género, economía, medioambiente y territorio.
Al 2018, el Estado registró 540 concesiones mineras y 307 proyectos de generación de energía.
“De estas, 47 concesiones mineras y 25 proyectos de generación de energía están dentro de áreas protegidas”, asegura el informe que advierte de los efectos sobre el medioambiente y la economía al llevar a sanciones internacionales y suspensión de los mismos.
El estudio identifica que en el 64% de los municipios (194 de 298) hay áreas de concesión minera o proyectos de generación de energía.
Destacan que las exoneraciones fiscales a la generación energía representan más de 1.179 millones de dólares en el período 2014-2018, que amerita una investigación particular sobre su impacto para el país.
La minería se extiende sobre 156 municipios y la generación de energía sobre 100, mientras otros 25 municipios en la costa Caribe podrían ser afectados por la extracción de hidrocarburos.
Minería con efectos y baja utilidad
A pesar de la promoción que el Estado realiza a favor del sector minero, el aporte promedio de éste durante 2010-2017 no alcanza ni el 1% del PIB.
Con respecto a la generación de empleos directos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que solo se emplean 6,029 personas en el área de explotación de minas y canteras a nivel nacional, lo que representa el 0,23% de la población ocupada en el país.
Además, las actuales políticas y prácticas relacionadas con la protección ambiental y los derechos humanos –particularmente los de las mujeres y de los pueblos indígenas– generan un ambiente violento y precario en las comunidades y para las personas defensoras que promueven visiones alternativas.
Licencias ambientales a la carta
El estudio también examina los procesos mediante los cuales se aprueban e implementan los proyectos, analizándolos bajo enfoques de participación ciudadana, de acceso a la información y de la conflictividad.
Se identifica que la aprobación de las concesiones va de la mano con las nuevas políticas que aceleran el otorgamiento de las licencias ambientales.
Desde el 2018, con la aprobación del Acuerdo Ministerial 1402-2018, se clasifica la información de los estudios técnicos, las licencias ambientales y la ubicación de las concesiones como parte de la Ley de clasificación de documentos públicos relacionados con defensa y seguridad o “Ley de Secretos”.
Para Mauricio Diaz, coordianador del Fosde, la información busca servir de apoyo a la comunidad y a las autoridades para evitar contrataciones sin la suficiente información y su impacto socioeconómico y ambiental.
“Dado el potencial de impactos adversos, es crucial que se incluyan consideraciones que garanticen el cumplimiento de los estándares de Empresas y Derechos Humanos en la planificación y regulación de los sectores de energía, minerales e hidrocarburos”, concluye el informe.
El informe total se puede ver en Internet, en la dirección https://territoriosenriesgo.unah.edu.hn/
