En el primer semestre del año, el gobierno se espera la reincorporación del país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependencia del Banco Mundial.
La petición oficial inició con la carta enviada por el Presidente, Nasry Asfura, a Martina Polasek, secretaria general del CIADI, quedan reflejados los compromisos del Estado hondureño para cumplir con los procedimientos requeridos y nombrar un representante oficial durante la reincorporación.
Según el ahora presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, explicó que es un proceso que tomará tiempo, pero inició con el envío de la nota, «después de enviarse se agenda una fecha de firma en las oficinas del CIADI, después se tiene que ratificar el tratado ante el Congreso, una vez que se ratifica se manda una documentación final al CIADI y posteriormente toma aproximadamente un mes para poder retornar».
Es decir, añadió, no un proceso de un día, es un proceso de construcción que toma de dos a tres meses.
Para Javier Briceño, miembro del Consejo Internacional para el Arbitraje Comercial, el regreso al CIADI es una de las mejores noticias que se han dado hasta este momento por parte del nuevo gobierno. «¿Qué es lo que se puede esperar? Definitivamente, que más seguridad, tanto para las instituciones estatales, a dónde es que van a tener que ellos considerar ser demandados si actúan de una manera contraria al derecho internacional, pero también a los inversionistas», opinó.
Coincidió con Lagos en que el proceso puede tomar unos tres meses, pero lo importante que ya se dio el primer paso. La Cancillería será el ente cargado del proceso de firma en las oficinas del BM.
El tratado tiene que seguir el proceso totalmente desde cero, ya que Honduras concretó la salida oficial en agosto de 2025. Briceño explicó que las demandas siguen su curso, pero que la expectativa es que el nuevo gobierno pueda escuchar a los inversionistas y considerar quiénes de ellos tienen un reclamo legítimo. Honduras enfrenta más de 10 demandas vigentes.
«Entonces, algún porcentaje tiene que haber legitimidad y no tengo la duda, pero también tiene que comenzar a estudiar y hay ciertos casos que en definitiva el Estado tiene la razón y tiene que defenderlos capa y espada para no afectar, no afectar el Tesoro Nacional», estimó.
Estos procesos, añadió, son costosos tanto para el Estado como para el inversionista y en un litigio o en un arbitraje nunca existe una posibilidad del 100% de victoria, siempre hay un riesgo de que una de las partes pierda, entonces es mejor una negociación que un mal pleito.
Briceño destacó que el retiro del CIADI cerró la puerta a inversionistas y incluso puedo generar el retiro de inversiones.


































