Tras tres años de debate público y con oposición del sector privado, se presentó la Ley de Justicia Tributaria en el Congreso Nacional. El dictamen no pasó de la presentación la noche del miércoles, pero podría aprobarse en cualquier nueva sesión.
La ley, parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), requiere la aprobación de la mayoría de los diputados, pero es rechazada por partidos de oposición que reclaman una “discusión abierta” en el Congreso y no una lectura del dictamen.
Según la Comisión de Finanzas, el dictamen recoge inquietudes de todos los sectores y modificó varias de los artículos, pero no se dio lectura a los mismos.
Inicialmente, el Poder Ejecutivo señaló que el país requiere una nueva política fiscal orientada a la transparencia, la equidad y el combate a la corrupción. Esta se lograría a través de medidas contenidas en el decreto entre ellas:
Eliminar los regímenes de exoneraciones fiscales vigentes. Entre julio de 2009 y diciembre de 2021 se decretaron 11 nuevos beneficios en los regímenes existentes y se crearon otros 6 nuevos regímenes, el valor otorgado en privilegios fiscales suma 451.415.3 millones de lempiras entre junio de 2009 y diciembre 2022.
Brindar seguridad jurídica a las empresas y reconocer sus derechos adquiridos sobre los impuestos exonerados durante el tiempo correspondiente; “esto sin perjuicio de que se pueda cancelar el beneficio en caso de constatar abusos o incumplimiento de los objetivos
contenidos en las leyes”.
Con la reforma, SEFIN, SAR y Aduanas realizarán auditorías para cancelar exoneraciones a empresas que han abusado de estas y a empresas cuyo monto exonerado exceda el beneficio retribuido a la sociedad.
Crear dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer inversión extranjera, diseñados bajo los criterios de mejores prácticas internacionales.
Cambiar el principio de renta de territorial a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales.
Eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal. Entre 2009 y 2021, el Congreso Nacional aprobó 25 decretos conteniendo amnistías sobre multas y recargos.
Eliminar el secreto bancario para fines tributarios introducido en el nuevo Código Tributario y permitir el intercambio de información con el resto de países del mundo.
Aprobar la figura de Beneficiario Final para evitar que las empresas “escondan” a los principales beneficiarios de sus utilidades y evadan el pago de impuestos a través de complejas cadenas de propiedad.
