Meta de crecimiento económico de 3,5% y una inflación sobre la meta del BCH

El Presupuesto General de la República 2026 entró en vigencia tras su publicación este viernes en el Diario Oficial La Gaceta, oficializando el instrumento financiero que asciende a 444 mil 335 millones de lempiras.

El presupuesto fue modificado drásticamente en relación al aprobado por la gestión anterior (más de 469.000 millones), pero con un alza real de 3% en relación a 2025 (L430.907 millones, sin ampliaciones), y también revisado por los diputados que agregaron nuevos proyectos.

Según las proyecciones de la Secretaría de Finanzas, en el Decreto No. 62-2026, la economía hondureña proyecta para el año 2026 un crecimiento real del PIB del 3,5%, una inflación controlada del 5,2% y un déficit fiscal del 1%.

Este desempeño macroeconómico establece una base tributaria robusta que permite financiar el gasto público de manera sostenible, sin comprometer la estabilidad de precios, señala la Secretaría de Finanzas.

Agrega que la formulación presupuestaria prioriza los sectores de Educación, Salud e Infraestructura, asegurando que los recursos lleguen de manera eficiente a la población vulnerable y fortaleciendo el capital humano como motor del desarrollo nacional.

El presupuesto contempla una inversión pública real proyectada de L48,229.6 millones, equivalente al 4,4% del PIB, orientada a fortalecer sectores estratégicos como la energía y la infraestructura vial.

Se mantienen las políticas de protección al ingreso real de los hogares con la asignación de L6,817.9 millones en subsidios a combustibles y energía eléctrica.

El gasto de funcionamiento tendrá una reducción del 5,3% respecto a las solicitudes iniciales.

El Gobierno Central dispondrá de 263.807 millones y la Administración Descentralizada 180.528 millones de lempiras.

Energía, Salud, Educación y Seguridad tienen las mayores asignaciones, mientras los salarios y el pago del servicio de la deuda absorben gran parte del gasto.

Se incorporan más asignaciones las Municipalidades y la emisión de bonos públicos para cubrir subsidios de servicios públicos, entre otras medidas.

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