Destaca las medidas de transformación productiva de El Salvador desde 2014
El contexto global, marcado por una alta incertidumbre política y fragmentación, plantea nuevos desafíos para América Latina, pero también abre nuevas oportunidades para fortalecer su competitividad y reducir vulnerabilidades, señala la OCDE en su informe de Perspectivas Económicas de América Latina 2025.
Se espera que el PIB en América Latina crecerá 2,1% en 2025 y 2% en 2026, lo que refleja una desaceleración generalizada en la región. Estas cifras son más bajas que las previstas a fines del año pasado y se sitúan por debajo del promedio de otras economías emergentes.
Aunque se espera una fuerte recuperación en Argentina, el crecimiento se mantiene débil en la mayoría de los países, con revisiones a la baja para Brasil, México y Colombia, en un contexto generalizado de una débil demanda externa y la alta incertidumbre.
La desinflación avanza, pero la inflación sigue por encima de las metas en varias economías, y hay riesgos al alza que requieren mantener una política monetaria prudente.
El documento, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Corporación Andina de Fomento (CAF) – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y la Comisión Europea, destaca principalmente la Agenda Digital 2020-2030.
Protección social y combatir la informalidad
La informalidad es uno de los desafíos más persistentes de América Latina, que marca la vida de millones de personas. Casi la mitad de la fuerza laboral de la región trabaja fuera de los esquemas formales, sin contratos seguros, ingresos estables o acceso a la protección social.
La pandemia de la COVID-19, expuso con claridad estas vulnerabilidades: mientras que los empleados formales conservaron cierta cobertura, los informales estuvieron entre los más afectados por la pérdida de empleos, la pobreza y la exclusión.
En el caso de la región, con una productividad que apenas crece y una informalidad superior al 50%, Latinoamérica y el Caribe tienen el reto de modernizar su estructura productiva y cerrar la brecha de financiamiento de $100,000 millones al año, advirtió la organización.
Según el informe, en 2023 el 55,1% de los trabajadores de la región estaban empleados en el sector informal, lo que limita la recaudación fiscal y debilita la protección social. Además, solo el 2,1% de los empleos se encontraban en sectores de tecnología media y alta, muy por debajo del 7,7% registrado en los países de la OCDE, lo que restringe la capacidad de innovación y la adaptación tecnológica.
ELl informe analiza la evolución de la informalidad en América Latina, rastreando sus tendencias y mostrando los múltiples rostros de quienes la padecen, desde los trabajadores por cuenta propria hasta los empleados en pequeñas empresas. Resalta cómo la fragmentación de los sistemas de protección social, vinculados principalmente al empleo formal, generan grandes brechas de cobertura, perpetúan la desigualdad de oportunidades y limitan la productividad.
A partir de nueva evidencia y estudios de caso en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perù, plantea un llamado urgente a las reformas. Explora opciones de política para ampliar la protección social de manera fiscalmente sostenible, incrementar los incentivos a la formalización y fortalecer la resiliencia frente a futuros choques.
El Salvador
La OCDE destacó las medidas y proyectos que El Salvador ha implementado para la “promoción y financiamiento de la transformación productiva” desde 2014.
“Particularmente destacable es la Agenda Digital 2020-2030, que define objetivos específicos para el eje Innovación, Educación y Competitividad, incluyendo la promoción de investigación en nuevas tecnologías, fomento de la formación y la educación digital para fortalecer el capital humano y apoyar a las empresas emergentes innovadoras y a los parques tecnológicos”, indicó el OCDE.
También mencionó que la Política Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa “se centra en aumentar la productividad, competitividad y sostenibilidad, (…) especialmente mediante la innovación y la tecnología”.
La OCDE acotó que El Salvador tiene como mecanismo de financiación para la “transformación productiva” el presupuesto estatal, préstamos del BID e inversiones del CAF.
Señaló que “un memorando de entendimiento firmado con la Unión Europea apoya el desarrollo de El Salvador en áreas clave, como la transición ecológica y la transformación digital”.
Indicó que mediante el Marco de Asociación 2023-2027 con el Banco Mundial, el país “está ejecutando ocho proyectos destinados a fomentar el crecimiento sostenible”, en particular el Proyecto de Energía Geotérmica para el Desarrollo Sostenible e Inclusivo.
