El Parlamento Europeo se opuso este martes a sacar de la lista europea de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales a Gibraltar, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Barbados y Uganda, como había propuesto la Comisión Europea.
La Eurocámara rechazó con 490 votos a favor, 64 en contra y 56 abstenciones la actualización de la lista planteada por el Ejecutivo comunitario, que pedía asimismo incluir en este registro a Namibia y Kenia, con lo que esta no podrá entrar en vigor y la Comisión tendrá que hacer una nueva propuesta.
La resolución aprobada por los eurodiputados plantea, entre otras reservas, que “existen pruebas importantes y recientes que sugieren que los Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar y Panamá carecen de esfuerzos para abordar o incluso facilitar la elusión de las sanciones impuestas a Rusia, incluidas sanciones financieras específicas contra personas físicas, como respuesta a la guerra de agresión rusa contra Ucrania”.
Añaden que estos países pueden “actuar como plataformas para eludir las sanciones para las entidades de la Unión, directa o indirectamente, socavando así los esfuerzos de la Unión por detener la máquina bélica rusa”.
Los eurodiputados señalan asimismo que “se sospecha que Panamá facilita la evasión del límite máximo de petróleo ruso impuesto por el G-7” tal y como han advertido Estados Unidos y Reino Unido a la Comisión en diciembre de 2023, aunque sus principales reservas son con respecto a Emiratos Árabes Unidos.
Recuerdan que Estados Unidos impuso sanciones al país del Golfo por el envío de tecnología, equipos e insumos a Rusia, que existen “indicios creíbles” de que desempeña un papel importante en los sistemas de efectivos por oro que proporcionan a Rusia dólares estadounidenses a pesar de la prohibición europea, así como que blanquea ingresos procedentes de zonas de conflicto como Sudán, entre otras preocupaciones.
Por todo ello, el Parlamento pide a la Comisión Europea que presente un nuevo acto delegado “que tenga en cuenta las reservas” expresadas.
En el caso de Gibraltar, el Ejecutivo comunitario lo incluyó en diciembre de 2022 en esta lista, que es diferente a la de paraísos fiscales que elabora el Consejo de la UE (los Estados miembros) e identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Permite un proceso de consultas entre la Comisión Europa y las jurisdicciones analizadas por el que estas pueden ofrecer compromisos para enmendar sus normas y evitar figurar en el repertorio.
Aparecer en él no implica sanciones, pero sí se exige a las entidades financieras europeas y otros organismos que apliquen una mayor vigilancia con respecto a las operaciones efectuadas por entidades establecidas en estos territorios.
Para actualizar la lista, la Comisión tiene en cuenta los trabajos del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo intergubernamental especializado en la lucha contra el lavado de dinero.