Citando datos del Banco Mundial, el Consejo Hondureño de la Empresa Privado (Cohep) presentó los datos de pobreza del país en su boletín «Competitivo Regional», del presente mes.
El informe señala que Honduras registra una pobreza en el 62,9% de su población, seguido de Guatemala con 56%. Mucho más abajo se encuentra El Salvador (27,2%), Nicaragua (24,9%) y Costa Rica (20,3%).
El boletín competitivo regional del Cohep muestra que un total de 24.2 millones de personas de Centroamérica viven en condiciones de pobreza.
En cuanto al crecimiento económico, el boletín del Cohep citó las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que las perspectivas para la región se ubicarán en 3,5% para finales de 2025 y 3,3% para 2026, impulsadas por las políticas comerciales internacionales.
Las proyecciones indican que el crecimiento económico de Honduras continuará sostenido por la mejora en los flujos de remesas familiares y el aumento en los precios internacionales del café.
No obstante, las proyecciones prevén una desaceleración del crecimiento mundial pasarían del 3,2% a finales del presente año a 3,1% en 2026.
Indicó que esta moderación refleja los efectos de la incertidumbre económica, el aumento del proteccionismo y la fragmentación del comercio global.
En este contexto, subrayó que las economías e instituciones internacionales enfrentan el reto de ajustar sus políticas macroeconómicas para sostener el crecimiento a mediano plazo y contrarrestar los efectos de un entorno global menos dinámico.
Estado de derecho
Respeto al Estado de derecho, el Cohep señaló que Centroamérica mantuvo un promedio de 0.47 en el Índice de Estado de Derecho, reflejando debilidades en justicia, corrupción y derechos fundamentales.
Costa Rica y Panamá son las naciones de Centroamérica que sobresalen por su mayor estabilidad y transparencia. Mientras que El Salvador y Honduras son los países de la región que registraron retrocesos en su Estado de derecho.
En el caso de Honduras, hubo una reducción de su Estado de derecho por debilidades en control gubernamental, corrupción y justicia, aumentando riesgos para la gobernabilidad democrática y la inversión.
