La Red de Instituciones por los derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud (Coiproden), advirtió que el 66,8% de la niñez en Honduras vive en pobreza y que más de un millón de menores entre 3 y 17 años quedan fuera del sistema educativo.
Esta situación ocurre en un contexto donde el Estado ha asumido compromisos internacionales sin lograr traducirlos en protección real de la infancia.
Los datos recientes revelados por la red, que agrupa a 30 organizaciones civiles, muestran que la distancia entre la normativa y la práctica sigue ensanchándose, mientras persisten la impunidad y la debilidad institucional.
En el último informe presentado, se identificó que ocho de cada diez niños experimentan pobreza multidimensional y que más de un millón de menores se ven obligados a trabajar, de los cuales al menos 549.000 lo hacen en condiciones peligrosas.
Desplazamiento forzoso
Solo entre 2022 y la fecha, la violencia ha resultado en la muerte de alrededor de 2.600 personas, entre ellas 499 menores de 18 años y 2.058 jóvenes de 19 a 30 años, mientras 729 personas han sido reportadas como desaparecidas. El fenómeno del desplazamiento afecta con especial dureza a la niñez: una de cada tres personas desplazadas forzadas es menor de edad, según los datos de la red.
Desde 2014, cerca de 129.000 niñas, niños y adolescentes han sido retornados al país tras intentar migrar, en la mayoría de los casos en condiciones de elevada vulnerabilidad. El embarazo adolescente sigue siendo un desafío estructural en Honduras, con 97 nacimientos por cada 1.000 adolescentes, una de las tasas más altas de América Latina.
Exigencia de reformas
COIPRODEN alertó sobre la frecuencia de las agresiones sexuales que sufre la niñez. La organización expuso que “se registra una denuncia por abuso sexual infantil cada 4 horas con 52 minutos”. La tasa de impunidad resulta abrumadora: nueve de cada diez casos no reciben justicia.
En el ámbito migratorio también se documenta la insuficiencia del sistema de protección. Las cifras de retornados y el número de menores desplazados evidencian, señala la red
La Red sostuvo que, aunque el Estado suma adhesiones a la Convención de Derechos del Niño y al Examen Periódico Universal de la ONU, persisten brechas estructurales en la protección de la infancia. La organización subrayó la escasa voluntad para ejecutar las recomendaciones de organismos internacionales, que incluyen fortalecer el acceso a la justicia, prevenir la violencia y reducir la pobreza en la niñez.
Wilmer Vásquez director de la red reafirmó: “El escenario es alarmante y exige atención urgente y acciones concretas por parte del Estado y la sociedad en su conjunto”.Un análisis de organizaciones especializadas revela que la niñez constituye una tercera parte de la población migrante interna, afectada por la persistente inseguridad y el limitado acceso a derechos fundamentales
Entre las acciones propuestas figura el fortalecimiento del acceso a la justicia, incluyendo la aprobación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
