Un juez dictó este martes sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el marco de un proceso en el que enfrentaba cargos por lavado de activos (L68 millones) y fraude.
Hernández regresó el 26 de julio al país cuatro años después de haber sido extraditado a Estados Unidos para que enfrentara cargos por narcotráfico. En junio de 2024 fue sentenciado a 45 años de cárcel en ese país por ayudar al narco, pero el presidente Donald Trump lo indultó en noviembre.
«En resolución de Audiencia Inicial, el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó Sobreseimiento Definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado», informó el Poder Judicial hondureño en su cuenta de X.
Según ese poder del Estado, la resolución se debe a que la prueba evacuada en la audiencia «no determinó participación del imputado en los hechos investigados».
La investigación Pandora II está relacionada con una serie de operaciones presuntamente irregulares alrededor de recursos destinados a programas y proyectos públicos, que derivaron en acusaciones contra de unos 38 ex funcionarios que han sido liberados de responsabilidad. La semana pasada fue sobreseído Fernando José Suarez Ramírez, representante de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, que habría servido de «fachada» para el desvío de recursos públicos en 2011 y 2013.
El caso Pandora involucró de manera directa a 38 personas, entre ellas seis diputados, un secretario de Estado (SAG), un ex secretario de Estado (SEFIN), un Subsecretario de Estado, un Gobernador y Comisionado Departamental, un Director (INA), un Asistente Ejecutivo de Casa Presidencial, un Comisionado Presidencial, un ex Alcalde, representantes de fundaciones y empresarios.
En junio de 2018, fueron acusados por el desvío de 282 millones de lempiras por la eliminada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) en el caso conocido como Pandora I.
En una ampliación de la investigación, el 13 de octubre de 2023, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco – lo que quedó de la Ufecic), presentó un requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos, los expresidentes Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa, ambos acusados por fraude.
A Hernández Alvarado también se le imputa el delito de lavado de activos de más de 62 millones de lempiras.
