El secretario de Trabajo, Fernando Puerto reveló que el gobierno anterior realizó más de 32 mil despidos de empleados, que dejó 18 mil demandas laborales con impacto en embargos para la actual administración.
La ley no contempla sanciones para funcionarios que despiden sin seguir el procedimiento laboral.
“Con relación a las cancelaciones en el sector público, nosotros debemos develar e informar al presidente con lo que ha ocurrido en el pasado. En el pasado se despidieron 32 mil servidores públicos”, señaló.
Estos despidos derivaron en demandas ante los órganos jurisdiccionales, los juzgados del trabajo y de los contencioso administrativo. «Se trata de 18 mil expedientes”, apuntó.
El elevado impacto económico obligaría al gobierno a buscar arreglos extrajudiciales, pero se necesita la autorización del Congreso Nacional a través de la Ley de Reactivación Económica, que fue remitida por el Ejecutivo.
