La sentencia no afecta los aplicados bajo las secciones 232 o 301
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió anular los aranceles globales que el presidente Donald Trump impuso durante su segundo mandato. En un fallo de 170 páginas, aprobado por seis votos contra tres, el máximo tribunal concluyó que el mandatario no tenía autoridad para aplicar esos impuestos sin la aprobación clara del Congreso.
El fallo rige desde hoy como criterio jurídico, aunque su implementación operativa, en materia de aduanas y cobros, dependerá de nuevas órdenes y lineamientos. La Corte no definió si habrá devoluciones por los aranceles ya pagados, y que ese punto quedaría en manos de la Corte de Comercio Internacional, CIT, por lo que el debate sobre eventuales reembolsos sigue abierto.
La sentencia se limita a los aranceles impuestos bajo la Ieepa (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) y no afecta otros esquemas como los aplicados bajo las secciones 232 o 301.
Es la primera vez que la Corte tumba de forma definitiva una de las políticas centrales de esta administración.
La decisión fue redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, quien explicó que el presidente no puede imponer aranceles amplios por su cuenta.
“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió. Y añadió una frase clave: si el Congreso hubiera querido darle ese poder, “lo habría hecho expresamente”. En otras palabras, la Corte dijo que la ley usada por Trump no le permite fijar aranceles generales.
El presidente había utilizado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para justificar sus decisiones. Con esa norma impuso dos grandes grupos de aranceles: unos llamados “recíprocos” que afectaban a más de 100 países, y otros dirigidos a México, Canadá y China, argumentando que no estaban haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
La Corte concluyó que esa ley no fue creada para establecer una política arancelaria tan amplia.
Hasta ahora, ningún presidente había usado esa ley de emergencia para imponer aranceles de esta magnitud. En los últimos 50 años se había empleado para sanciones o embargos, pero no para cobrar impuestos a las importaciones de casi todo el mundo. Por eso, varios tribunales inferiores ya habían declarado ilegales estas medidas antes de que el caso llegara al Supremo.
Se estimaba que los aranceles podrían recaudar alrededor de $1,5 billones en diez años, lo que representaba la mayor parte de los gravámenes impuestos en este mandato. Un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York señaló que ciudadanos y empresas estadounidenses asumieron 90% del costo de esos aranceles.
Trump defendió su política diciendo que era necesaria para proteger al país y que era una “cuestión de vida o muerte” para la economía. También aseguró que, sin esos aranceles, Estados Unidos quedaría en desventaja frente a otros países. Aunque en la Corte el gobierno afirmó que el objetivo principal no era recaudar dinero sino regular el comercio, el presidente destacó en varias ocasiones los miles de millones que estaban entrando a las arcas públicas.
No todos los jueces estuvieron de acuerdo con la decisión. Tres magistrados conservadores, Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh, votaron en contra. Kavanaugh advirtió que anular los aranceles podría obligar al Gobierno a devolver miles de millones de dólares a importadores y que ese proceso podría ser un “desastre”.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, había dicho que, si el fallo era adverso, el Gobierno intentaría restablecer los aranceles utilizando otras herramientas legales. La Casa Blanca ya había considerado distintas opciones para mantener su política comercial.
