Una Corte Federal de Apelaciones en San Francisco (Noveno Circuito) ha concedido una suspensión provisional (stay) a la decisión de una jueza de distrito que había bloqueado la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de beneficiarios de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La medida permite al gobierno federal avanzar provisionalmente con la cancelación del TPS para estos países mientras se resuelve el fondo del caso en apelación.
La decisión unánime de un panel de tres jueces responde a una solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), argumentando que el gobierno tiene altas probabilidades de éxito en demostrar que la jueza de distrito carecía de jurisdicción o que la terminación del TPS fue legal y fundamentada en mejoras en las condiciones de los países afectados.
Revocan fallo
En diciembre de 2025, la jueza federal Trina L. Thompson, del Distrito Norte de California, había anulado la terminación del TPS dictada por la Secretaria Noem, al considerar que la decisión fue «preordenada», no siguió los procedimientos adecuados —incluyendo una evaluación objetiva de las condiciones en los países y consultas interinstitucionales— y se apartó de prácticas históricas al limitar el período de transición a solo 60 días.
La terminación original del TPS había sido anunciada en 2025: para Nepal en junio (efectiva el 5 de agosto), y para Honduras y Nicaragua en julio (efectiva el 8 de septiembre).
Estas designaciones datan de décadas atrás —Honduras y Nicaragua desde el huracán Mitch en 1998, y Nepal desde el terremoto de 2015— y beneficiaban a aproximadamente 60,000 a 89,000 personas con protección contra la deportación y autorización de trabajo.
Es el segundo fallo contra el TPS, en seis meses, ya que en agosto de 2025 ya se daba una declaración en contra de la ampliación.
El gobierno federal sostiene que el TPS es una medida temporal y no un programa permanente, y destaca mejoras en las condiciones de seguridad y estabilidad en Honduras, Nicaragua y Nepal como base para su terminación.
La National TPS Alliance, organización demandante junto a beneficiarios individuales, impulsó el litigio argumentando violaciones al procedimiento administrativo y posibles motivaciones discriminatorias.
El caso continúa en apelación, y la resolución definitiva sobre el fondo podría tardar meses.
Miles de migrantes de estos países enfrentan ahora un período de espera y vulnerabilidad migratoria, pendientes de la decisión final de los tribunales.
El DHS ha indicado que trabajará con el Departamento de Justicia para avanzar en el proceso.
La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebró la determinación y acusó que en el gobierno de Joe Biden se utilizó el TPS para permitir el ingreso de «terroristas violentos» a Estados Unidos.
«Una victoria para el Estado de Derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos. Bajo la administración anterior, se abusó del Estatus de Protección Temporal para permitir la entrada a nuestra nación de terroristas violentos, criminales y amenazas a la seguridad nacional», declaró en las redes sociales.
Las designaciones de protección temporal se habían extendido durante más de 25 años en algunos casos, algo que la administración de Donald Trump considera un abuso, que por ley debe ser temporal.
