Sin embargo, no sesionaron más de un año (395 días)
Con apenas 147 días sesionados durante cuatro años, el Congreso Nacional 2022-2026, presidido por Luis Redondo devengó más de 1.724 millones de lempiras únicamente en concepto de sueldos y salarios para diputados y personal.
De acuerdo con un análisis de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre enero de 2022 y septiembre de 2025 el Congreso Nacional ejecutó 5 mil 942 millones de lempiras, de los cuales más de 1.724 millones de lempiras se destinaron a salarios y al menos 627 millones de lempiras a viáticos.
El director de Democracia y Transparencia en la ASJ, Juan Carlos Aguilar, señaló que pese a gozar de todos los beneficios otorgados por ley, los legisladores permanecieron sin sesionar aproximadamente 395 días, cumpliendo apenas 35% de las sesiones que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL), es decir 31 días por año de 104 posibles.
La baja convocatoria y la ausencia recurrente de diputados se tradujeron en una productividad legislativa decreciente.
En 2022 se presentaron 929 proyectos de ley y se aprobaron 156; en 2023, 243 presentados y 59 aprobados; y en 2024, 255 presentados y 55 aprobados. En conjunto, la productividad fue de apenas 19% entre 2022 y 2024. Cabe señalar que 90% de los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo fueron aprobados, contra sólo 13 % de los presentados desde el Legislativo.
ASJ cuestionó además el uso de las subvenciones legislativas, que según el propio Congreso tienen como finalidad atender necesidades comunitarias, pero que en la práctica han reproducido patrones de clientelismo político y opacidad. Entre 2022 y 2025, se ejecutaron más de L 785 millones en subvenciones, de los cuales al menos L 536 millones se concentraron entre 2024 y 2025.
En paralelo, el Congreso aprobó 2 mil 850 millones de lempiras para gasto social durante el período 2023-2025 (L950 millones anuales). De estos fondos, 56% fue canalizado a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia, 25% mediante el FHIS y 19% a través de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), sin mecanismos claros y estandarizados de evaluación de impacto.
En materia legal, los legisladores oficialistas aprobaron un nuevo pacto de impunidad, la adhesión al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), elecciones de altos funcionarios sin cumplir requisitos legales y una reciente intervención en el proceso electoral.
La Ong instó al nuevo Congreso Nacional reducir el gasto, aprobar una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, y eliminar o reglamentar estrictamente las subvenciones. Asimismo, exhortó a priorizar transformaciones clave como las reformas electorales, la Ley del Consejo de la Judicatura, la Ley de Colaboración Eficaz, la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.
Finalmente, recomienda instituir un procedimiento obligatorio y estandarizado para la solicitud de viáticos, a fortalecer el régimen de responsabilidades administrativas y disciplinarias frente a la inasistencia a sesiones, el uso indebido o la falta de liquidación de fondos públicos, el abuso de la investidura y establecer una agenda anual de sesiones con proyectos prioritarios, que garantice planificación, seguimiento y rendición de cuentas a la ciudadanía.
