Sin debate ni análisis de las razones del elevado embargo judicial a cuentas de las Alcaldías, el Congreso Nacional aprobó, «por unanimidad», una reforma por adición a la Ley de Municipalidades que pone un límite, hasta el 30 por ciento, a los embargos judiciales sobre las transferencias que las alcaldías reciben del Gobierno central.
La ley tributaria permitía hasta el 40% de embargo de los fondos municipales.
El artículo 91-A adicionado indica: “Se prohíbe el embargo judicial o cualquier retención sobre las transferencias que el Estado realice a cada Municipalidad, por ejecución de sentencias firmes o cualquier otro título ejecutivo, cuando afecte más de treinta por ciento (30%) del monto de dichas transferencias”.
“Tampoco se podrá afectar el uno por ciento (1 por ciento) correspondiente al Fondo de Transparencia Municipal y el uno por ciento (1 por ciento) correspondiente a la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon)”.
“Todos los jueces y órganos jurisdiccionales tienen la obligación de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. Para tal efecto, la Alcaldía llevará un registro anual de todos los embargos, sin que, en conjunto, pueda embargarse un porcentaje superior al límite establecido entre todos los procesos. La inobservancia de esta disposición dará lugar a la correspondiente responsabilidad civil, administrativa y penal”.
La reforma fue propuesta por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, después de anunciarla ese mismo día en la XXXV Asamblea de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).
El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y jefe de la bancada nacionalista, Carlos Cano, destacó que la reforma traerá beneficios para las municipalidades que en la actualidad no reciben un centavo debido a los embargos de que son objeto.
En la actualidad, más de 70 municipalidades enfrentan embargos judiciales por ejecución de sentencias firmes que superan los 1.200 millones de lempiras, según un informe actualizado de la Amhon.
Estos embargos han generado retenciones que en muchos casos alcanzan el 100% de las transferencias, paralizando el pago de salarios, servicios básicos y ejecución de obras, afectando gravemente a la población de cada municipio, sostiene el Legislativo.
Al presentar la iniciativa de reforma, Zambrano destacó que el juez que haga caso omiso a la disposición contemplada en la reforma tendrá que incurrir en responsabilidad.
Sin embargo, los abogados señalan que la medida responsabiliza al Poder Judicial y no al mal manejo de los Alcaldes al momento de despedir personal sin darles sus derechos o contratar obras sin tener fondos para cumplirlas.
Explica que hay alcaldes que han comprometido más del 100% de sus presupuestos y siguen despidiendo personal, ahora por cambio de gobierno, sin dar derechos laborales y negándose a pagar contratos con proveedores.
