La comisión liquidadora de secretarías y programas gubernamentales, creados en las administraciones anteriores, inició sus labores con la revisión para despido de 1.900 empleados, asegurando que se respetarán los derechos laborales de los cesanteados.
Leonel Núñez, uno de los comisionados, explicó que trabajan en el marco del plan de gobierno con la misión de «revisar y garantizar los derechos de aproximadamente 1.900 trabajadores inicialmente» que serían despedidos por el cierre o reestructuración de entidades.
Entre las instituciones involucradas figuran la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría de Transparencia, el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Red Solidaria, entre otras.
El primer criterio de la evaluación es la «duplicidad de funciones». «Lo primero es saber cuánto personal trabaja en esas instituciones del Estado y así mismo garantizarles a ellos el pago total de sus derechos laborales, de ser preciso en un solo pago, sin perjudicar sus derechos y sus prestaciones», apuntó.
La comisión, que fue juramentada por Finanzas, tiene representación de la Secretaría del Trabajo y realizaría un diagnóstico del personal contratado y entregar información a la Presidencial sobre el presupuesto que se requiere.
También se revisarán las deudas y compromisos con acreedores.
“Estamos trabajando para que en un período de 90 días se pueda otorgar la cesantía a estos empleados. Creemos que es un tiempo suficiente para cumplir al 100% con las obligaciones”, señaló.
