Como parte del Acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) se prepara para la evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI), previo la aprobación legislativa de reformas de regulación financiera, en especial contra el lavado de activos.
Gustavo Solórzano, Comisionado de la CNBS, dijo que «en agosto iniciará un proceso de evaluación mutua con el GAFI, que se extenderá hasta diciembre de 2027».
Esta revisión internacional medirá la capacidad del país para combatir el lavado de activos y otros delitos financieros, con el objetivo principal de evitar que Honduras sea incluida en la lista gris del GAFI, lo cual tendría un impacto muy negativo para el país (restricciones en transacciones internacionales).
La evaluación del GAFI no solo revisará la existencia de leyes, sino también su efectividad práctica. Durante aproximadamente 18 meses, l país deberá implementar registros de beneficiarios finales y realizar reformas normativas para garantizar el cumplimiento material y no solo formal de las medidas contra el lavado de activos.
Las reformas estaban previstas desde la administración anterior, pero estaban incluidas en la Ley de Justicia Tributaria que no tuvo apoyo político ni empresarial.
La comisionada Julieta Suazo, destacó que el cumplimiento de las exigencias del GAFI no solo implica la aprobación de reformas legales, sino también su implementación efectiva, ya que las evaluaciones internacionales no se basan únicamente en la normativa, sino en su aplicación práctica en el sistema financiero.
¿Qué dice el FMI?
En la última revisión del programa con Honduras, el FMI destacó cinco recomendaciones claves, siendo la quinta la que incluye las reformas para la evaluación del GAFI.
«Es esencial impulsar reformas para reforzar la gobernanza, combatir la corrupción y mejorar el clima empresarial. La presentación al Congreso de legislación clave relacionada con el GAFI es un hito importante, y la aprobación e implementación oportunas de esta legislación, así como la puesta en marcha del registro de beneficiarios finales, serán fundamentales para la evaluación del GAFI en 2026«.
