La lista incluye a los ex directores Juan Ramón Cruz y Gilberto Ríos, y la ex subdirectora Lícida Xiomara Zelaya Lobo
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un informe sobre el Fondo Social para la Vivienda (FOSOVI), que cuestiona el modelo de administración caracterizado por «el incumplimiento sistemático de controles, el uso irregular de recursos públicos y el debilitamiento progresivo de la gobernanza institucional».
El documento, señala el CNA, es «una radiografía del deterioro del FOSOVI» durante varios años y las responsabilidades identificadas serian presentadas ante el Ministerio Público (MP). Fosovi es una de las entidades en proceso de liquidación por la actual administración y el informe del CNA incluye datos de los liquiddores.
Según la investigación, se identificó posibles responsabilidades penales por presuntas omisiones en el cumplimiento de funciones, irregularidades en los procesos de nombramiento de autoridades, falta de actualización de registros contables y ausencia de estados financieros de la institución desde el primer trimestre de 2020.
Además de irregularidades cometidas en años anteriores relacionados con gastos de representación y otros.
Principales conclusiones
«FOSOVI operó sin un sistema de control interno capaz de garantizar la legalidad y adecuada ejecución de sus actuaciones administrativas», señala el CNA. Esta debilidad propició que se realizaran contrataciones, nombramientos y que se asignaran funciones correspondientes a cargos técnicos, administrativos y de dirección, sin comprobar los requisitos académicos, profesionales y de experiencia establecidos en la normativa institucional.
«Aunque la institución dedujo de los salarios valores correspondientes a las aportaciones al INJUPEMP y al IHSS, no existe documentación soporte que acredite que dichos recursos fueron enterados oportunamente a las instituciones correspondientes, lo que generó la acumulación de obligaciones, intereses, multas y sobre todo la posible afectación a los derechos de seguridad social y previsión de los trabajadores.
Asimismo, desde marzo de 2020 se omitió calcular y retener el Impuesto sobre la Renta a los empleados sujetos a esta obligación, pese a que el FOSOVI debía actuar como agente de retención.
Durante el período comprendido entre los años 2022 y 2025, un monto de L16,994,475.04 figura como egresos sin que exista registro contable. «Como resultado del análisis de las acciones identificadas se concluye que los puestos de dirección ejecutiva, jefes o encargados de administración y los jefes o encargados de recursos humanos son presuntamente responsables de la comisión por omisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios», apunta.
El CNA concluye que existen «indicios racionales para considerar la presunta responsabilidad penal de los señores Juan Ramón Cruz y Gilberto Ríos Munguía, ambos exdirectores ejecutivos del FOSOVI, las señoras Nadina Haydee Quiñónez y Ana Carolina Rodríguez Bermúdez, quienes se desempeñaron como administradoras del FOSOVI por haber omitido actos propios de las funciones que desempeñaron»
«El señor Juan Ramón Cruz y la señora Lícida Zelaya son presuntamente responsables por la comisión del delito de malversación por apropiación al haberse apropiado indebidamente de fondos de la institución en concepto de gastos de representación con ocasión del cargo de director ejecutivo y subdirectora ejecutiva respectivamente sin haberse encontrado evidencia de autorización legal por parte de la presidencia de la república para percibir los pagos», denuncia el CNA.
También se cuestiona como «autonombramiento», según Resolución SG-060-2026, al abogado Giancarlo Jocsán Alonzo Godoy, como director ejecutivo por ley, sin contar con el beneplácito presidencial, que establece la ley y sus reformas, asegura el CNA. Godoy firmó el nombramiento de empleados en la presente administración.
