Los sistemas bancarios de Centroamérica y República Dominicana muestran avances graduales pero heterogéneos en la adopción de los estándares de Basilea III, según el último análisis de Moody’s. Basilea III es un conjunto de normas bancarias internacionales desarrollado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea tras la crisis financiera de 2008.
En términos generales, señala Moody’s, los reguladores han priorizado definir los niveles mínimos de capital, mejorar su calidad e introducir métricas de liquidez de corto plazo. Sin embargo, la profundidad regulatoria y el grado de adopción difieren significativamente entre jurisdicciones, reflejando enfoques regulatorios adaptados a cada sistema financiero.
Índices de adecuación patrimonial mínimos del 10% o superiores
La región centroamericana presenta requerimientos regulatorios de coeficiente de capital superiores al estándar base internacional, con niveles mínimos de adecuación patrimonial del 10% o superiores (excluyendo cualquier buffer), a excepción de Panamá, que está en línea con el estándar internacional de 8%.
Los requerimientos de capital establecidos en cada país se basan en una definición y clasificación de activos por ponderación de riesgo que no solo difiere en algunos puntos a los lineamientos de Basilea III, también varían entre países, lo que limita la comparación de la fortaleza patrimonial entre bancos de un país, con sus pares externos.
Los más avanzados
Panamá y Costa Rica presentan marcos normativos más integrados a Basilea III, incorporando colchones de conservación (CCB) y contracíclicos (CCyB), además de requerimientos adicionales por importancia sistémica o doméstica (D-SIB) y una clara priorización del capital de mayor calidad.
Estos países han adoptado la definición de capital primario ordinario (CET1) y capital primario adicional (AT1), lo que permite la incorporación de instrumentos híbridos bajo los estándares de Basilea III, fortaleciendo la capacidad de absorción de pérdidas del capital.
Nicaragua, Honduras y Guatemala mantienen requerimientos mínimos del 10% de capital primario y secundario (excluyendo cualquier buffer), aunque con diferencias relevantes en la profundidad del marco macroprudencial. Nicaragua destaca por la incorporación explícita de los tres colchones de capital propuestos, convirtiéndose en uno de los más exigentes de la región, y cuya implementación iniciada en 2025, podría desacelerar moderadamente el crecimiento crediticio, que promedió 16% entre 2022 y 2025.
Honduras, en contraste, mantiene una dirección gradual incluyendo únicamente en Centroamérica requerimiento para conservación, complementando con instrumentos adicionales como el coeficiente de apalancamiento, orientado a limitar la acumulación excesiva de endeudamiento.
Por su parte Guatemala, incorpora requerimientos de capital contracíclicos por medio de reservas dinámicas sobre activos de menor riesgo. Sin embargo, los tres países aún mantienen una definición estándar del capital primario, sin diferenciar entre ordinario y adicional.
El Salvador y República Dominicana presentan marcos de capital caracterizados por requerimientos relativamente elevados en términos de coeficientes mínimos. República Dominicana exige un 10%, mientras que El Salvador se ubica en un 12%, uno de los más altos de la región. Si bien, en ambos, el coeficiente de capital exigido supera el estándar base internacional, no incorporan formalmente colchones adicionales o el fortalecimiento de capital de mayor calidad acorde a Basilea III, lo cual limita la aproximación hacia el enfoque macroprudencial y su alcance otorga discrecionalidad nacional a los reguladores de cada país para definir los requerimientos de D-SIBs basándose en las características de su propio mercado.
Guatemala y Costa Rica, incorporan las reservas dinámicas sobre los activos de riesgo normal, pero no se establece la adopción de un mínimo obligatorio según la regulación, sin embargo, en ambas jurisdicciones se ajustan al ciclo macroeconómico acorde a las instrucciones del regulador.
La opinión de Moody’s
Moody’s Local evalúa de forma positiva el fortalecimiento gradual de los marcos de capital y liquidez en la región. En términos del capital, se considera favorable los niveles requeridos por encima del mínimo internacional y la introducción de colchones regulatorios que mejoran la capacidad de absorción de pérdidas y mitigan riesgos sistémicos en algunos países.
Sin embargo, el avance es lento y se beneficiaría de una mayor focalización sobre la calidad del capital, al incorporar definiciones de capital primario ordinario, primario adicional y secundario, acorde a los lineamientos de Basilea III.
Por otra parte, el enfoque prudencial adoptado en la región ha fortalecido la gestión del riesgo de liquidez, priorizando la calidad y la disponibilidad inmediata de los activos líquidos. Asimismo, persisten brechas importantes en la adopción y en la armonización de las definiciones de activos líquidos de alta calidad, lo que limita la adopción plena con el estándar internacional y la cobertura integral del riesgo de liquidez estructural.
En este contexto, el principal desafío consiste en avanzar desde marcos predominantemente enfocados en el corto plazo hacia esquemas más completos, que incorporen de forma sistemática el fondeo estable y criterios homogéneos para la definición de activos líquidos.
En ambos esquemas, persisten riesgos de implementación y de brechas regulatorias entre países, especialmente en jurisdicciones con calendarios de transición prolongados o marcos híbridos, además de las diferencias relevantes en la medición entre jurisdicciones.
La efectividad de los nuevos estándares dependerá de la calidad de la supervisión, de la disciplina en el cumplimiento de los indicadores y de la capacidad de las entidades, en particular las de menor tamaño, para construir colchones de capital y liquidez sin deteriorar su perfil de rentabilidad o limitar su función de intermediación financiera.
