Después de que la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley que limitaba la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, vuelve a cobrar fuerza el proyecto del embalse de Río Indio, uno de los planes para solventar a largo plazo las crisis hídrica en la vía, con un coste aproximado de construcción, en seis años, de más de 1.200 millones de dólares o balboas, a lo que se sumarían 400 millones más en “sostenibilidad”.
“El costo aproximado excede en 1.200 millones de balboas solamente en construcción física, el costo relacionado con la sostenibilidad, la atención a las comunidades, posiblemente agregaría, y eso estaba en la presentación que se hizo en 2020 a la ejecutiva, aproximadamente unos 400 millones de balboas”, indicó este lunes en una rueda de prensa el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez.
Esos 400 millones de dólares relacionados con el área del embalse de Río Indio no estarían destinados únicamente a indemnizaciones, “sino que el efecto es proveer una solución integral y tratar de mantener a la persona con las condiciones de vida o mejorarle las condiciones de vida de donde proviene”, anotó Vásquez.
El proyecto de Río Indio, según el administrador, se estima que llevaría unos 6 años, y unas 500 familias, aproximadamente 2.000 personas, quedarían afectadas directamente con el proyecto de la cuenca de Río Indio.
Así, en la actualidad se está conversando individualmente con las familias y con grupos específicos, debido a que “es una población mucho más disgregada”, anotó.
La cuenca de Río Indio tiene una extensión territorial de 580 Km2, de acuerdo con la división político administrativa de Panamá, atravesando tres provincias (Coclé, Colón y Panamá Oeste), cinco distritos, 11 corregimientos y 228 lugares poblados.
Aumento de responsabilidades
Este anuncio llega después de que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) declaró inconstitucional la Ley 20 de 2006 que modificó los límites de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, privando a la vía acuática de una importante extensión territorial para la creación de nuevos embalses, y restituía la Ley 44 del 31 de agosto de 1999.
Vásquez explicó que la Ley 44 del 31 de agosto de 1999 “aumenta el área de responsabilidad del Canal de Panamá”, con la administración de nuevos recursos hídricos para el paso de embarcaciones por la vía interoceánica, pero sobre todo, y como prioridad, a garantizar el agua para el consumo humano.
“Aproximadamente unos 2 millones y medio de personas se surten de agua de los lagos del Canal de Panamá. Nosotros tenemos que servir esa cantidad de personas y anticipamos que esa población va a seguir creciendo en el área urbana y eso genera demasiada presión sobre las fuentes de agua en las cuales opera el Canal de Panamá”, afirmó.
El Canal de Panamá, inaugurado en 1914 por EE UU y paso relevante del comercio mundial, se ha visto obligado a reducir el tránsito diario de buques por la sequía, impactando sus ganancias y aportes al fisco.
En condiciones óptimas, el promedio de cruce diario por el canal, que une el Atlántico con el Pacífico, es de entre 35 y 36 buques, pero la sequía estacional de 2023, más prolongada de lo habitual y potenciada por el fenómeno de El Niño, obligó a reducir paulatinamente esta cifra, que se situó en 22 en noviembre, sin llegar nunca al peor escenario previsto: 18 tránsitos por día en febrero pasado.
Con la mejora de las condiciones por la llegada de las lluvias en el Lago Gatún, el reservorio artificial inaugurado en 1913 para surtir a la vía interoceánica, y el Alhalueja, mucho más pequeño, de 1935, a partir del 5 de agosto próximo los tránsitos diarios de buques subirán a 35 en el canal, el único de agua dulce en el mundo.
