La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), presentó este miércoles una denuncia ante el Ministerio Público exigiendo una investigación por la posible comisión de delitos en la aprobación, ejecución y liquidación del Fondo de Administración Solidaria, gestionado por el Congreso Nacional entre 2023 y 2025.
La denuncia, basada en el informe «Diputados solidarios» presentada más temprano, detalla la asignación de 1.837 millones 349.701.14 lempiras por parte de al menos 50 diputados (propietarios y suplentes) del Partido Libre, en su mayoría, Partido Salvador de Honduras y Partido Democracia Cristiana, a través de la línea presupuestaria 449 (llamada Partida confidencial), la cual es administrada por la Secretaría de Finanzas.
Según el escrito, esta partida está destinada exclusivamente a obligaciones derivadas de convenios de préstamo, otorgamiento de avales y emergencias por desastres naturales o calamidad pública, sin estar prevista para el financiamiento de becas, obras sociales, canchas deportivas o infraestructura menor, que fue el «supuesto» destino de los fondos.
ASJ, capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, solicita a la Fiscalía el inicio de un proceso penal y que requiera a Finanzas una copia certificada de todas las resoluciones emitidas entre 2023 y 2025 relacionadas con la aprobación y asignación de este fondo a favor de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedesol), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), el Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede), el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).
El fondo fue creado en 2023 mediante las Disposiciones Generales de Presupuesto, que autorizaron al Congreso Nacional asignar hasta L950 millones anuales a siete instituciones del Estado para becas de estudio, obras sociales e infraestructura menor, categorías a las que en 2025 se sumaron cupones alimenticios, kits tecnológicos e insumos médicos. Solo en 2024, el año de mayor movimiento, se ejecutaron L898.5 millones entre Sedesol, el FHIS y la SGJD.
Entre los hallazgos, la denuncia detalla que la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) canjeó 199.701 cupones alimenticios por un monto de 87 millones 567.800 lempiras entre 2023 y 2025, de los cuales solo el 37% han sido liquidados.
Por otro lado, hubo 110 millones 130.000 lempiras en concepto de becas, pero tras intentar comprobar su liquidación, se comprueba que Banadesa y Sedesol firmaron un acuerdo de confidencialidad que impide acceder a información.
«La asignación de los fondos se organizó en función de cada diputado gestor y no de criterios técnicos objetivamente definidos, lo que habría convertido estos beneficios en una herramienta de visibilidad política individualizada de cara a la población, poco antes de la celebración de elecciones generales, más allá de si la ayuda reportada llegó a concretarse tal como fue registrada», opina la Ong.
En cuanto a la rendición de cuentas, la denuncia señala que ninguna de las instituciones involucradas ha remitido los informes de liquidación que exige la ley, algo que Fianzans confirmó respecto a Sedesol y la SGJD, y que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) corroboró al no encontrar registro alguno de dichos informes correspondientes al ejercicio 2023-2025.
Para ASJ, el manejo directo de fondos públicos por parte de legisladores, sin criterios técnicos ni rendición de cuentas, constituye una amenaza directa a la transparencia y al uso correcto del erario nacional, y la impunidad en estos casos profundiza la desconfianza ciudadana.
