Un juez de letras en audiencia de declaración de imputado dictó este miércoles la medida de arresto domiciliario al empresario estadounidense Murray Paul Farmer quien es acusado por la Fiscalía de fraude en un juicio que involucra a ex funcionarios por un demanda contra el Estado de más de 3.000 millones de lempiras.
Farmer, quien fue detenido en el aeropuerto de Palmerola el martes, figura en la lista de ex funcionario e inversionistas, acusados por el MP de participar «en una red» de corrupción en la demanda internacional de las empresas DRC Inc, representada por Famer, y la hondureña Nacional de Ingenieros (NAINSA), que perdió el Estado hondureño.
El portavoz del Poder Judicial Carlos Silva confirmó que el imputado deberá cumplir la medida judicial bajo vigilancia policial y mantiene la prohibición de salir del país mientras se desarrolla el proceso legal en su contra.
Silva explicó que el caso se fundamenta en un laudo arbitral aparentemente ilegal donde el Estado de Honduras fue encontrado culpable para pagar una suma superior a los “3.000 millones de lempiras” en perjuicio de las finanzas públicas.
“En el caso del señor Murray Paul Farmer, se ha confirmado en esta audiencia que se le acusa de un delito de fraude. Ya en la parte resolutiva, a petición de partes profesionales, el juez de letras designado le ha dictado la medida del arresto domiciliario que deberá cumplir bajo vigilancia policial”, indicó Silva.
Por su parte, el empresario manifestó que su intención es defender su “buen nombre” ante los tribunales de justicia debido a que se considera una víctima en lugar de un delincuente dentro del sistema judicial hondureño.
Defendió que no ha cometido ninguna acción fraudulenta y que continuará con su lucha legal para demostrar que no es “ningún ladrón” frente a las acusaciones presentadas por los entes fiscales de la nación.
El caso se remonta a la administración de Carlos Flores Facussé, por obras realizadas por los daños ocasionados por el huracán Mitch. Entre acusaciones de falta de obras y de incumplimiento contractual, el caso llegó a la justicia en 2010.
Tras años de disputa, el caso llegó a un fallo judicial de embargo de cuentas del Estado lo que fue rechazado por las autoridades de Finanzas y la Procuraduría en febrero de 2023 por considerar que el proceso estuvo viciado.
Por esa decisión, Farmer denunció ante el FBI a varios exfuncionarios (la ex ministra de Finanzas, Rixi Moncada, el ex Procurador Manuel Díaz Galeas, entre otros) alegando difamación y persecución.
Posteriormente, en julio del año pasado, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra una docena de ex funcionarios y detuvo a varios entre ellas el diputado nacionalista Nelson Márquez (quien ganó la relección y fue juramentado este año como vicepresidente de Copeco).
Este año, la PGR denunció la contratación de un bufete extranjero (por ocho millones de lempiras) para defender a los ex funcionarios señalados por el empresario estadounidense.
