Las autoridades hondureñas capturaron este martes al diputado y subjefe de la bancada del opositor Partido Nacional, Nelson Márquez, acusado por el Ministerio Público de “integrar una red” que defraudó al Estado por más de 3.084 millones de lempiras (unos 117.4 millones de dólares) mediante “demandas ilegales, contratos irregulares y laudos arbitrales sin validez legal”.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), con apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, presentó requerimiento fiscal (acusación para que la Justicia proceda contra los señalados) contra 10 exfuncionarios, jueces y abogados que, según las investigaciones, “se coludieron para saquear” al Estado durante más de dos décadas.
Entre los acusados por fraude figuran la exprocuradora general Lidia Estela Cardona; la excoordinadora del Gobierno Martha Doblado; la exdirectora legal de SEDECOAS Eva Vásquez; el apoderado legal de NAINSA Juan Fernando Madrid; el representante legal de DRC Inc. Murray Paul Farmer; y el abogado Caronte Rojas Zavala, miembro del tribunal arbitral en representación del Colegio de Abogados.
También fueron acusados los jueces Irissabel Lucía Miranda Hernández y Raymundo Esaú Gradiz Vilorio por prevaricato judicial; el exfuncionario de la Procuraduría General Héctor Alvarado Mejía por uso de documento falso; y el receptor judicial Rafael Eduardo Chávez Aguilar por falsificación de documentos.
Además de Márquez, fueron capturados Juan Fernando Madrid, Caronte Rojas Zavala y Raymundo Gradiz, justo antes de que iniciara una sesión del Parlamento para conocer la renuncia de Ana Paola Hall, una de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.
Un fraude que se originó tras el huracán Mitch
La acusación del MP se basa en un caso en particular que tuvo su origen en la administración de Manuel Zelaya Rosa, que involucra a la empresa estadounidense DRC Inc, y a la hondureña Nacional de Ingenieros (NAINSA), que ganaron una demanda contra el Estado de Honduras con fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2023.
La PGR y la entonces ministra de Finanzas, Rixi Moncada (hoy candidata presidencial), se opusieron al fallo y al “embargo de las cuentas nacionales”, lo que ha desatado reclamos del empresario Murray Farmer ante el FBI contra funcionarios del actual gobierno.
La acusación del MP es que el fallo fue por una “red” criminal que involucra al diputado y los exfuncionarios.
“La red comenzó a operar en el año 2000, tras la emergencia provocada por el huracán Mitch, cuando el Estado adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., empresa no habilitada para operar en Honduras, por lo que subcontrató de forma irregular a NAINSA”, señala el MP.
Según la Fiscalía, en 2001 el cooperante internacional que financiaba el proyecto canceló la ayuda debido a inconsistencias en el contrato. Años después, ambas empresas presentaron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral sin validez, nunca homologado por la Corte Suprema de Justicia.
“Para sostener su estrategia, DRC Inc. y NAINSA firmaron un acuerdo confidencial en el que se comprometieron a no demandarse entre sí y simularon ser entidades independientes, aunque su actuar era coordinado con un solo fin: defraudar al Estado hondureño”, aseguran.
La red utilizó procesos arbitrales cargados de irregularidades, incluyendo escritos falsos, aplicación de un reglamento no publicado en La Gaceta para instaurar un arbitraje favorable, presidido por uno de los imputados, que concluyó con una condena millonaria contra el Estado hondureño.
Reiteración de demandas sobre la base de un laudo anulado
Aunque el laudo fue declarado nulo por resoluciones judiciales firmes en 2009 y 2013, NAINSA interpuso una nueva demanda en 2019 con base en ese mismo documento sin validez. La jueza Irissabel Miranda Hernández admitió nuevamente la demanda, reactivando un proceso legalmente concluido.
“En enero de 2020, como parte de esa misma estrategia, el imputado Nelson Márquez Euceda, en su cargo de secretario de SEOECOAS, remitió ala Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un Acuerdo Ejecutivo para evitar una “erogación mayor”, aun sabiendo que el laudo carecía de validez legal”, apunta.
Un mes después, SEOECOAS y NAINSA suscribieron el convenio extrajudicial mediante el cual se acordaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales en curso. No obstante, el imputado Nelson Javier Márquez incumplió con lo pactado, a pesar de que en los años 2020 y 2021 ya se hablan asignado partidas presupuestarias para saldar la deuda.
Este incumplimiento dio lugar a una nueva demanda de ejecución forzosa por una suma millonaria, la cual fue admitida nuevamente por la misma jueza, lrissabel Miranda Hernández. En 2022, el juez Gradiz Vilorio admitió otra demanda millonaria, pese a conocer la nulidad previa del laudo.
La investigación de la Uferco revela que los acusados “se beneficiaron directamente del dinero” obtenido a través de estas demandas irregulares. Parte de los fondos fue depositada en cuentas personales de los implicados y de familiares de altos funcionarios.
También se identificaron pagos de hipotecas y transferencias bancarias a personas sin vínculo legal con el caso, sin ninguna responsabilidad legal sobre los hechos.
