La política de seguridad pública de Honduras seguirá apoyada en la extensión número 22, desde diciembre de 2022, de la suspensión de garantías constitucionales por 45 días más.
Según el Decreto Ejecutivo Número PCM 22-2025, que deberá ser aprobado por el Congreso Nacional, no se ha logrado reducir la “la grave situación de violencia criminal organizada heredada” de la administración anterior. Sin embargo, el Ejecutivo destaca que la suspensión de garantías constitucionales “han rendido excelentes resultados”, pero que debe ser extendida nuevamente.
La suspensión de garantías constitucionales es una medida excepcional que permite al gobierno limitar temporalmente ciertos derechos fundamentales, como la libertad de movimiento, reunión y detención en 226 municipios.
Por ello se decreta “por un periodo de cuarenta y cinco días la suspensión de garantías constitucionales establecidas en los artículos 69,
78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República, a partir de las 6:00 p.m. del jueves 03 de julio de 2025, hasta las 6:00 p.m. del sábado 16 de agosto de 2025″.
En consecuencia, la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional y con la cooperación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quedan facultadas para detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes contemplados en el Decreto, en todos los sectores de los Municipios del Distrito Central y San Pedro Sula, así como los otros municipios identificados por la Policía Nacional.
