El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció el 14 de mayo su intención de materializar una “ley de agentes extranjeros”, para el cobro de un impuesto de hasta el 30% a las oenegés activas en el país. El proyecto, que nació tras una protesta popular frente a la casa del mandatario, preocupa a los activistas, que han calificado la propuesta como una “medida autoritaria”.
La ley es similar a la existente en Nicaragua, Venezuela y Rusia.
El 14 de marzo, un grupo de 300 familias campesinas se reunió en las inmediaciones del complejo residencial Los Sueños, hogar de Bukele en la capital salvadoreña, para manifestar pacíficamente sus preocupaciones en torno a una orden judicial que ordena el desalojo de sus tierras.
Las familias, pertenecientes a la comunidad de El Bosque, pedían ayuda de Bukele para suspender el desalojo y buscar una solución alternativa para saldar una deuda de su cooperativa, por la que se quedaron sin fondos para pagar cuentas referentes a su pertenencia en los territorios. Los manifestantes alegaban que habían sido estafados.
Sin embargo, en un acto inédito, elementos de la fuerza pública salvadoreña usaron la violencia para disipar al grupo, que incluía niños y ancianos, según organizaciones locales.
Además, la Policía salvadoreña arrestó a cinco líderes comunales que comandaron los esfuerzos de protesta. Al día siguiente, cuatro de ellos fueron liberados, quienes alegaron maltratos y golpizas durante su breve encarcelamiento.
Sobre ello, Bukele utilizó sus redes sociales para descalificar los motivos de la manifestación, además de hacer caso omiso a las acusaciones de represión. El presidente culpó a grupos “autodenominados de izquierda” y “ONG globalistas” por manipular a las familias.
“Ayer fuimos testigos de cómo personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al Gobierno”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.
Bukele también confirmó en el mismo hilo de publicaciones que, ante la situación, decidió enviar un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Legislativa salvadoreña, controlada por el oficialismo, para imponer una tasa impositiva del 30% a los ingresos de las ONG activas en el país: una “Ley de Agentes Extranjeros”.
“Por eso, y ante la aparente preocupación de estas ONG, he decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que estas ONG reciben. Con esos fondos, se pagará la deuda de la cooperativa”, explicó el presidente.
Una “medida autoritaria”: WOLA
La propuesta de Bukele, como muchas, no ha estado exenta de polémica, especialmente entre las oenegés del país y las internacionales, quienes denuncian un movimiento autoritario de represión y extorsión por parte de San Salvador.
Por un lado, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) calificó el proyecto de ley como “una medida autoritaria”, añadiendo su condena en contra de una propuesta legislativa que “atenta contra el espacio cívico, el cual alimenta cualquier sociedad democrática”, según declaró la organización en su perfil de X.
“La Ley de Agentes Extranjeros propuesta por Nayib Bukele atenta contra el espacio cívico, el cual alimenta cualquier sociedad democrática. WOLA condena este tipo de medidas autoritarias”, publicó en X.
Human Rights Watch (HRW), otra de las organizaciones internacionales defensoras de los Derechos Humanos que ha estado involucrada en el monitoreo de la situación salvadoreña, también ha levantado la voz en contra de la medida, afirmando que la posible ley de agentes extranjeros busca “atacar” a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes.
Juan Pappier, subdirector de HRW para las Américas, criticó duramente la medida, además de hacer una comparación con otros países que han adoptado medidas similares: Nicaragua, Venezuela y Rusia.
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“Como hicieron (Daniel) Ortega en Nicaragua, (Nicolás) Maduro en Venezuela y (Vladimir) Putin en Rusia, Bukele propone una ley de “agentes extranjeros” para atacar a las organizaciones de sociedad civil y medios independientes en El Salvador”, expresó Pappier en su perfil de X.
No es la primera vez que Bukele intenta impulsar una Ley de Agentes Extranjeros durante su Gobierno. En 2021, el mandatario envió a la Asamblea Legislativa un proyecto similar al actual, aunque en ese tiempo el porcentaje de impuestos que se iban a cobrar era del 40%.
La propuesta de Bukele, aunque llegó a ser un borrador, fue finalmente desechada en el Gobierno, debido a las fuertes críticas desde dentro y fuera del país, ante las alertas de organizaciones como HRW o Amnistía Internacional por el posible giro autoritario que protagonizaría el oficialismo de aprobarse dicha ley.
La posibilidad de una Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador sería un hito político en la historia del país, pero no de la región.
En septiembre de 2020, el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, una normativa que impone una obligación a todo aquel que trabaje para empresas, organizaciones o gobiernos extranjeros a registrarse en una lista, informar sobre sus ingresos y avisar sobre los gastos de fondos extranjeros.
Decenas de activistas en el exilio han señalado intensos niveles de vigilancia y control desde Managua con el uso de dicha ley.
Venezuela es otro caso de estudio similar. En 2021, Caracas emitió un decreto gubernamental que exigió la creación de un registro de organizaciones sin ánimos de lucro y activistas presentes en el país, además de la publicación de un listado con la identidad de sus colaboradores, sus donantes, beneficiarios y demás información sensible que suele ser de carácter privado.
