La empresa mexicana JLL Capital reclama una indemnización de 380 millones de dólares
La firma mexicana de inversión JLL Capital, cuya operación en Honduras está bloqueada desde 2018 por una disputa legal, presiona por una indemnización de 380 millones de dólares por parte del gobierno en un proceso de arbitraje, ante el CIADI, alegando que se violó protecciones a la inversión extranjera.
El caso se desencadenó en enero de 2017, cuando JLL buscó más control de su filial CA Capital, un prestamista no bancario (registrado ante el Banco Central de Honduras), a través de un aumento de capital, según la notificación de arbitraje enviada al Banco Mundial en febrero, de la que no se había informado anteriormente.
De acuerdo con documentos, la ampliación de capital redujo la participación de los accionistas minoritarios (Enrique Bello, Pedro Specia y Carlos Max Paguagua) del 39,98% al 0,02%, lo que les llevó a contratar al hermano del entonces presidente Juan Orlando Hernández, Amílcar Hernández, para que les representara en la impugnación de la medida de JLL en 2018.
Los inversionistas minoritarios alegaron que la asamblea de accionistas donde prácticamente se anularon sus participaciones vulneró sus derechos legales, alegando irregularidades en la convocatoria.
El bufete García Barragán Abogados -que representa a la firma mexicana- ha argumentado que la convocatoria se tramitó correctamente.
La demanda de JLL Capital fue registrada por la Secretaría del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el 13 de febrero de 2023. Ese ente debe definir el proceso legal y nombramiento de árbitros para resolver el caso.
Otorgaron más de “$50 millones en créditos“
A pesar de ser un prestamista no bancario, sin regulación de la CNBS, la entidad financiera otorgó más de 50 millones de dólares en préstamos.
“Hasta diciembre 2019 cuando se instauró la administración judicial, CA Capital, había otorgado préstamos a más de 30 mil trabajadores de diversos Ministerios, por un monto superior a los 50 millones de dólares“, informaron directivos de JLL Capital.
La cifra oficial de créditos rondaría los 58 millones de dólares e involucraría a empleados de 34 agencias gubernamentales.
Aseguran que existen más de mil demandas ante la Dirección General de Protección al Consumidor en Honduras, por parte de trabajadores que ya cubrieron sus préstamos y les siguen cobrando.
Actualmente el gobierno de Honduras, representado por el Procurador General Manuel Antonio Díaz Gales y la Ministra de Finanzas Rixi Moncada Godoy, se pronunciaron en contra de las acciones del CIADI en el caso de las ZEDES. No se han manifestado en el caso de JLL Capital que en el opera como CA Capital con sede en Tegucigalpa.
