La suspensión de garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República, conocido como Estado de Excepción y que vence este domingo 21 de mayo, se extendió 45 días más hasta el 5 de julio, informó la Secretaría de Seguridad.
La medida que comenzó el 6 de diciembre del año pasado y abarca a 123 municipios debe ser ratificada en el Congreso Nacional esta semana.
A través del estado de excepción, contenido en el decreto PCM 029-2022, se faculta a la Policía Nacional para detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones con estructuras criminales, principalmente de maras y pandillas.
El decreto 24-2023, en su Artículo 4 señala: “Las autoridades policiales competentes al momento de la detención deberán identificarse, informar los motivos de la detención y respetar los derechos de los detenidos. En los centros de detención deberá llevarse un registro oficial de los detenidos conforme los estándares internacionales.”
La Secretaría de Seguridad aseguró que durante el estado de excepción se ha logrado “desarticular a más de 150 bandas criminales”, al igual que la ejecución de 3.445 allanamientos de morada, 3.134 órdenes de captura, 2 .263 armas de fuego decomisadas, 4.895 libras de marihuana decomisadas, 475 kilos de cocaína decomisada, 17.633 piedras de droga crack decomisadas, 1.372 vehículos decomisados, 6.441 motocicletas decomisadas, entre otros.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) instó a Honduras a evitar “el uso prolongado” del estado de excepción y abogó por una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos.
De trata de la quinta ampliación del estado de emergencia, que comenzó con el PCM 29-2022 (6 de diciembre), y le siguieron los PCM 01-2023, PCM 10-2023, y PCM 15-2023.
