El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), encabezado por la presidenta Xiomara Castro, aprobó este viernes la segunda etapa del Plan Nacional de Seguridad, que entre sus nueve medidas contempla la ampliación del estado de excepción por otros seis meses, que supone la suspensión de gran parte de las garantías constitucionales.
En la reunión estuvieron los titulares del tres poderes del Estado, los ministros de Seguridad, Defensa y Copeco, el jefe de la Policía y del Estado Mayor Conjunto, así como el Fiscal General del Ministerio Público.
El Plan Nacional de Solución Contra el Crimen prorrogó por seis meses más el PCM-10-2023 del 20 de febrero de este año, referente a la suspensión de garantías constitucionales y se asigna las responsabilidades por sectores geográficos a la Secretaría de Seguridad y como “colaborador efectivo” en igual materia a la Secretaría de Defensa.
Las acciones se seguridad se intensificarán en Colón, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios.
Mientras en los departamentos de Atlántida, Yoro y Copán, la Secretaría de Defensa mediante la Policía Militar del Orden Público ejecutará labores de seguridad.
Además, se instruye a las FFAA colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) en la habilitación de batallones como centros de reclusión de emergencia.
La cuarta medida incluye a la Corte Suprema de Justicia, que se comprometió a nombrar jueces con jurisdicción nacional para acompañar de manera eficiente y oportuna las acciones ejecutadas por las fuerzas de seguridad con base en el Plan Nacional de Solución Contra el Crimen.
También el Ministerio Público asignará fiscales para acompañar las acciones de las instituciones de seguridad del Estado en la ejecución del plan.
La presidenta Castró emitirá un decreto de emergencia para el funcionamiento de los equipos técnicos y operativos, reconstrucción, reforma y equipamiento de instalación de centros penales de máxima seguridad en cualquier sitio del territorio hondureño.
La séptima medida ordena a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) con la colaboración de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) deberá proceder a prohibir la compra y venta de tarjetas sim-card (chip) para teléfonos celulares sin que exista un estricto registro e identificación de los comparadores, responsabilizando y sancionando en caso de incumplimiento a las compañías telefónicas autorizadas y sus sucursales para operar en el país.
La Dirección Nacional de Inteligencia deberá elaborar un programa de análisis criminal con la participación del Poder Judicial, Ministerio Público, Secretaría de Defensa y Secretaría de Seguridad para compilar y sistematizar de manera ordenada y científica toda la información que exista sobre denuncias, investigaciones, detenciones, órdenes de captura, requerimientos fiscales y sentencias para efectos de identificar las personas con mayor incidencia en la comisión de delitos.
Se estableció un protocolo policial para enfrentar el problema de tomas de vías públicas de libre tránsito, así como la perturbación ilícita del funcionamiento del Estado y la obstrucción del orden público, anunciando de acuerdo con la ley los procedimientos para solicitar el cese de las tomas y de actuaciones ilegales, poner a la orden del MP a los responsables y garantizar la libre circulación de las personas.
