Congreso aprobó ley de amnistía retroactiva que desestimó 24 casos de corrupción en gobierno de Manuel Zelaya
El Informe Anual de Derechos Humanos 2022, realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, asegura que existen “informes fidedignos” de violación a los derechos humanos en el país con participación de agentes policiales, que actúan con “impunidad generalizada” del gobierno.
En el capítulo de “Informes de países sobre prácticas de derechos humanos”, señala que en Honduras en las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron “informes fidedignos de: ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; torturas y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del Estado“.
Además “condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios, incluidas las amenazas a los miembros de los medios por parte de elementos criminales; corrupción gubernamental grave; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; y delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes, y contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersex”.
El nuevo gobierno, que llegó tras “elecciones libres y justas”, procesó a algunos funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en corrupción, “pero un sistema judicial débil y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener condenas“.
Los grupos delictivos, incluidas las bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron perpetradores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia dirigidas contra defensores de derechos humanos, autoridades judiciales y abogados, miembros de la comunidad empresarial, periodistas, blogueros, mujeres y otras poblaciones vulnerables.
“El gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la impunidad fue generalizada”, concluye el informe.
Agentes de seguridad en primer plano
Sobre el tema de la seguridad nacional, el Informe señala la larga lista de entidades de seguridad y que las “autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos”.
“Hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales. Los homicidios denunciados tuvieron lugar durante operaciones policiales o estuvieron vinculados a actividades delictivas de agentes del gobierno. La Dirección de Asuntos Policiales Disciplinarios del Ministerio de Seguridad investigó a miembros de la Policía Nacional de Honduras acusados de abusos contra los derechos humanos. La Procuraduría General de las Fuerzas Armadas y la Dirección de Derecho Humanitario investigaron y detuvieron a militares acusados de abusos contra los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reportó dos homicidios arbitrarios o ilegales a manos de las fuerzas de seguridad hasta agosto.
El Departamento de Estado señala varios casos, en especial el del 31 de mayo, cuando “miembros de la Unidad Nacional Antipandillas mataron a tiros a Wilson Ariel Pérez Hernández en San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Supuestamente fue asesinado cuando funcionarios de la unidad antipandillas intentaban arrestarlo por agredir a un oficial de policía en un partido de fútbol el 29 de mayo”. El 17 de octubre, el Ministerio Público acusó a cuatro funcionarios de la unidad por su participación en el asesinato de Pérez.
También el juicio por asesinato del oficial de policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento concluyó el 17 de octubre. Perdomo fue acusado del asesinato de Keyla Martínez en febrero de 2021 en La Esperanza, Departamento de Intibucá. El veredicto final estaba pendiente de un recurso constitucional.
“Los grupos criminales, como los narcotraficantes y las pandillas locales y transnacionales, incluidas la MS-13 y la pandilla Calle 18, cometieron asesinatos, extorsiones, secuestros, trata de personas e intimidación de policías, fiscales, periodistas, mujeres, defensores de derechos humanos y otros. Los principales centros urbanos y las rutas del narcotráfico experimentaron las tasas más altas de violencia”, agrega el informe.
El 14 de julio, presuntos miembros de la pandilla MS-13 que vestían uniformes de unidades antipandillas mataron a Said Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio Lobo, y a otras tres personas en un ataque selectivo en Tegucigalpa. El 22 de septiembre, el juzgado en audiencia preliminar imputó a Eber Ezequiel Espinoza y Erick David Macías Rodríguez por cuádruple homicidio. Las autoridades continuaron buscando a los individuos que ordenaron el homicidio.
El 9 de enero, desconocidos asesinaron a Pablo Hernández en San Marcos de Caiquín, Departamento de Lempira. Hernández había trabajado para promover los derechos indígenas en una variedad de roles, incluyendo como presidente de la Red de Agroecólogos de la Biosfera Cacique Lempira, como miembro de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Departamento de Lempira y como locutor de radio de la Lenca. programa radial Radio Tenan. Las autoridades continuaron investigando el incidente.
Corrupción y falta de transparencia en el Gobierno
La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero las autoridades no implementaron la ley de manera efectiva y los funcionarios continuaron incurriendo en prácticas corruptas con impunidad. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental.
El 2 de febrero, el Congreso Nacional aprobó una ley de amnistía retroactiva que absolvió de delitos a los funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno de Zelaya (2006-09). “Hasta octubre, al menos 24 acusados utilizaron la ley para que se desestimaran los casos de corrupción”.
Se reconoce la derogación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, mejor conocida como Ley de Secretos.
En lucha contra la corrupción, se detalla el juicio contra Marco Bográn, exdirector de INVEST-H, quien fue declarado culpable de fraude agravado y condenado a más de 10 años de prisión y se le ordenó pagar una multa de 1.475 millones de lempiras ($58,7 millones). El tribunal lo absolvió de los cargos de violación de deberes oficiales y fraude, pero el Ministerio Público apeló el fallo el 25 de julio.
También las acusaciones y juicios contra el ex director de Gestión de Riesgos y Contingencias, Gabriel Rubí, y a otros dos funcionarios de gobierno por fraude y violación de deberes oficiales y de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo fue declarada culpable de fraude y malversación de fondos públicos durante un nuevo juicio el 17 de marzo. El 21 de septiembre, el tribunal la condenó a más de 14 años de prisión y le ordenó pagar una multa de más de 13 millones de lempiras ($518,000).
El informe completo de Honduras se puede leer en la siguiente dirección: https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/honduras/
