La deuda aumento 10% en 2020 y el déficit en la cuenta corriente se triplicó en CA
La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha magnificado las brechas estructurales de los países de la región y ha generado un aumento de los niveles de endeudamiento que pone en peligro la recuperación y la capacidad de los países para una reconstrucción sostenible y con igualdad, afirmó este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Durante una reunión virtual con los países de América Latina y el Caribe miembros de la CEPAL, la Secretaria Ejecutiva del organismo de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, presentó el Informe especial COVID-19 N⁰ 10 de la institución, titulado Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y después: Prioridades de América Latina y el Caribe en la agenda de políticas mundial en materia de financiamiento para el desarrollo.
“En todos los países de la región, sin excepción, la situación fiscal se ha deteriorado y el nivel de endeudamiento del gobierno general ha aumentado, y se espera que dicho endeudamiento se incremente del 68,9% al 79,3% del PIB entre 2019 y 2020 a nivel regional, lo que convierte a América Latina y el Caribe en la región más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios (57%)”, afirmó Alicia Bárcena.
La brecha de financiamiento del sector público se agrava por la necesidad de apoyar la balanza de pagos, sobre todo en las economías más pequeñas de la región, debido a las interrupciones de la cadena de suministro y a la disminución de las exportaciones, en particular de la exportación de servicios (turismo).
De 2019 a 2020, el déficit en cuenta corriente pasó del 1,4% al 4,5% del PIB en el istmo centroamericano y del 4,8% al 17,2% del PIB en el Caribe. Además, en la región habrá una importante caída de la inversión extranjera directa que será de entre el 45% y el 55%, aproximadamente, en el mismo período.
Se necesitarían 2.5 billones de dólares
El informe indica que las necesidades globales de financiamiento de los países en desarrollo ascienden a 2,5 billones, lo que supera la capacidad de préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). En el caso de nuestra región el FMI ha puesto a disposición de 21 países de América Latina y el Caribe la mayor parte de sus préstamos de emergencia relacionados con el COVID-19.
En enero de 2021, dicha institución había destinado unos 66.500 millones de dólares a América Latina y el Caribe, lo que representaba un 63% del desembolso total (106.000 millones de dólares) que había destinado a 85 economías en desarrollo.
Los datos disponibles de los países de América Latina y el Caribe señalan que el financiamiento que el FMI otorgó en el marco de sus programas Instrumento de Financiamiento Rápido y el Servicio de Crédito Rápido solo cubrió el 32,3% y el 23,1% en promedio, respectivamente, de las necesidades de financiamiento internas y externas que los países tenían en 2020. Esto equivalía al 0,8% y al 2,1% del PIB, y al 6,5% y al 8,0% de las reservas internacionales, respectivamente.
Sin embargo, estos instrumentos financieros no benefician a todos los países por igual. Los que tienen sólidos fundamentos económicos, como Chile, Colombia y el Perú, pueden acceder al financiamiento sin límites de cuota. No obstante, esta no es una opción que esté disponible para la mayoría de los países, en particular para los pequeños estados insulares del Caribe.
El informe afirma que, en el contexto actual de la pandemia, la agenda de financiamiento para el desarrollo plantea dos retos interrelacionados. A corto plazo, se debe favorecer la expansión del gasto público y prestar una atención especial a los grupos vulnerables, en particular a los segmentos de ingresos bajos y a las personas mayores.
Además, las políticas de financiamiento para el desarrollo a corto plazo también son necesarias para compensar los efectos perjudiciales que las políticas de contención -basadas en el distanciamiento físico y el aislamiento voluntario- tienen sobre la actividad económica, el tejido y la estructura productiva, y el empleo.
Esto supone sostener el consumo de las personas y las familias, para lo que es necesario adoptar medidas excepcionales transitorias de mantenimiento del ingreso, como una renta básica temporal garantizada por el Estado.
A mediano y largo plazo, a medida que la prioridad de las políticas pase a ser construir un futuro mejor en lugar de hacer frente a la urgencia, el programa de financiamiento para el desarrollo debe promover una orientación de política anticíclica que tenga por objeto aumentar el empleo y mantener un crecimiento adecuado. En este contexto, la ampliación de los gastos públicos de capital y los desembolsos destinados a la transformación productiva y la ecologización de la economía son fundamentales para impulsar la labor de recuperación.
