La presidenta Xiomara Castro prometió establecer condiciones para generar 100.000 empleos en este y el próximo año. En su primera cadena nacional, sobre los “101 (100) días de Gobierno”, denunció que existe una fuerte oposición a las soluciones que se plantean para mejorar la economía, la seguridad pública, la estatal de energía y la lucha contra la corrupción.
La enorme oferta laboral, dijo que está plasmada en la reforma del Presupuesto General de la República 2022, que fue ampliado en unos 52.000 millones de lempiras (supera los 360.000 millones de lempiras).
También planteó un programa masivo de reforestación con participación militar. “Vamos a crear junto a las Fuerzas Armadas, tres grandes batallones verdes en la zona de Olancho y La Mosquitia, las áreas declaradas como el Río Plátano, la Reserva Ruru, la Reserva Warunta, Tawahka”.
Castro inició su informe televisivo y radial, diciendo que asumió con responsabilidad el reto de dirigir a Honduras “un país sometido por una narcodictadura violenta y corrupta que entregó todo el control del Estado a la oligarquía a cambio de su silencio cómplice frente al desmantelamiento de nuestra patria”.
Recordó la cuestionada elección del titular del Congreso Nacional (dos candidatos de LIBRE y de su aliado político PSH). “nos anticipamos a las fuerzas más oscuras de los sectores más conservadores y extremistas de Honduras que pretendieron asestarnos un golpe tempranero, tomando el control del Congreso Nacional, pero fracasaron gracias a la movilización popular que me acompañó a defender lo que ganamos abrumadoramente en las urnas”, sostuvo.
Destacó la aprobación de la amnistía política y condena al Golpe de Estado, y aseguró que informes del Departamento de Estado de EE UU, sostienen que Libre ganó las elecciones de 2013 y 2017.
Dijo que a su administración le está tocando “enfrentar a un modelo privatizador que es capaz de hacer lo que tenga que hacer por la simple ganancia”. Las ZEDE, cuya Ley fue derogada, es un ejemplo de una especie de “nuevo colonialismo capitalista”.
“Al país de nada le sirve crecer siete, ocho o nueve puntos en las áreas de mayor desarrollo empresarial, si la pobreza y la miseria suben 10 Ó 15 veces. El fin de la economía no es que la mayoría se sacrifique mientras otros logren grandes ganancias en medio de un mar de miserables”, añadió.
Recordó que heredó una deuda de más de 20 mil millones de dólares y gran parte de esos recursos no se encuentran. En su gestión el Congreso Nacional ya autorizó hasta 2.000 millones de dólares en nuevo endeudamiento.
También reveló que los ingresos de las alcaldías de la capital y San Pedro Sula están “comprometidos por fideicomisos o alianzas público privadas” (préstamos).
La Presidenta destacó la reducción del impuesto a los combustibles (unos 10 lempiras por galón), el subsidio a la energía eléctrica (hasta 150 kwh al mes), y la nueva Ley Especial de energía que se envió al Congreso y se socializa con distintos sectores.
Calificó como “emblemático” el caso de la ENEE y declaró que intencionalmente se mermó su capacidad para venderla al mejor postor. “La ENEE no puede ser vendida, ni alquilada, ni enajenada por particular alguno, vamos a renegociar transparentemente los precios de contratos de suministros de energía”, manifestó.
En materia de Salud y Educación, dijo que se ampliará la vacunación y las clases presenciales, respectivamente.
Estructura criminal dentro del Estado
Prometió que hará frente a quienes continúan ejerciendo el poder a través de la violencia, ya sea económica o de otro sentido, “es de público conocimiento que existe una respuesta orgánica para promover la inseguridad en Honduras. Tenemos conocimiento de cómo se sostiene y opera esta estructura criminal que permeó el Estado de Honduras hasta llevarlo a condición de fallido y que continúa activa y conspirando”.
“Recibí un país en ruinas y estamos construyendo las bases del desarrollo humano, el respeto al medio ambiente y la justicia”, concluyó.
