El debate entre funcionarios y ex funcionarios sobre las cifras fiscales del país ha dado como resultado una peor imagen crediticia del país y un costo más alto por el actual nuevo endeudamiento público por el alza de dos puntos en la calificación de riesgo.
La tasa de riesgo, medida por el medidor EMBI de la firma JP Morgan, aumentó más de dos puntos en la actual administración (prima de riesgo de 5,48%), en parte debido a la falta de claridad de la política “socialista democrática” del nuevo Gobierno, y los señalamientos de déficit presupuestario de 64.000 millones de lempiras para este año, y “desvió” de 168.000 millones en 12 años, manifestado por la titular de Finanzas, Rixi Moncada.
Wilfredo Cerrato, ex presidente del Banco Central de Honduras (BCH), preguntó ¿de dónde saca esas cifras la ministra?. El funcionario se remitió a la página oficial de la Secretaría de Finanzas dónde se confirma que las cuentas en la Tesorería General de la República (TGR) mostraba un comportamiento normal a finales del 2021, incluso con mayores depósitos en relación a 2020. En los días previos al cambio de Gobierno (27 de enero), mostró que el flujo de caja se mantuvo el nivel de ingresos y egresos.
“Del primero al 24 de enero, los ingresos tributarios recibidos fueron de L15,877.52 millones, dividido entre el numero de días laborables (39) son L407.12 millones de impuestos recibidos en promedio diario. Si había dinero en caja y eso lo pueden ver todos los hondureños en la página de Sefin”, dijo el ex funcionario.
El saldo final en caja del 31 de diciembre de 2021 fue de L10.650.6 millones.
Al igual como otros exfuncionarios destacó que el Acuerdo con el FMI y la revisión de las calificadores de riesgo, obligan a transparencia en las cifras, “si las cifras fueran incorrectas o falsas como dice la ministra, el FMI lo hubiera señalado”.
Para el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, tanto el FMI como las calificadoras de riesgos no miran los destinos y efectividad de los gastos públicos. Además cuestionó que el Gobierno anterior aumentó el gasto y el déficit fiscal y “después destacan que bajaron un déficit que ellos mismos provocaron”.
Más deuda, una realidad innegable
Uno de los señalamientos de Moncada fue el “déficit presupuestario”, figura que no usan los economistas, para referirse al desbalance entre ingresos y los gastos del presupuesto de este año.
Según el Presupuesto General vigente, el gasto público de la Administración Central (no incluye entres autónomos y descentralizadas), se financiará con “51.443 millones de lempiras” de los cuáles 32.247 millones son deuda interna (bonos y letras del Estado).
“Ese monto contempla los pagos de deuda pública (incluye Bonos Soberanos) y financiamiento para programas y proyectos. De ese presupuestado contratado se utilizó solo el 2%, así que allí tienen préstamos contratados y no había necesidad de aprobar más deuda”, dijo Cerrato.
Y es que el 10 de febrero, el actual Gobierno declaró emergencia fiscal y un endeudamiento de hasta 2.000 millones de dólares (49.000 millones de lempiras”, para cubrir el déficit presupuestario.
“Si sumamos ese nuevo monto casi se duplica el financiamiento externo del Presupuesto General 2022, con más de 100.000 millones de lempiras algo que elevará el déficit fiscal y la deuda pública de manera innecesaria”, apuntó.
Para Cerrato, el Gobierno está criticando la ejecución fiscal para justificar un aumento del gasto y de la deuda pública. “Sólo con el alza en la prima de riesgo de dos puntos, más la devaluación proyectada, se tendrá que pagar 1.425 millones de lempiras en intereses por el pago de la deuda interna del Presupuesto General de este año”, agregó.
Hugo Noé Pino, también ex presidente del BCH, consideró que los parámetros de medición son diferentes entre la administración nacionalista y la actual de Libre, y que se aprobó el nuevo endeudamiento de “manera provisional con créditos con el Banco Central y de recursos que se tienen del FMI y otros préstamos (JICA)” para cumplir con obligaciones inmediatas.
Recordó que después de las elecciones generales de noviembre pasado, el Gobierno saliente aprobó una serie de contratos y APP, además de prebendas (prestaciones) a funcionarios, que cambiaron las proyecciones del presupuesto para este año.
En resumen, ambas administraciones confirman que la contratación de deuda pública seguirá siendo la “varita mágica” para que siga operando el Gobierno, alejándose de las recomendaciones de los analistas económicos de que se reduzca el gasto (eliminando o uniendo programas) y se creen condiciones para atraer la inversión privada externa e interna.
