Reclamo internacional de EEH expone debilidad de concesión APP del Gobierno

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EEH espera respuesta del Gobierno a carta sobre contrato de concesión APP

Honduras ya perdió demanda de inversionistas del Corredor Turístico

La Empresa Energía de Honduras (EEH), de capital colombiano hondureño, confirmó su intención de acelerar el fin de la concesión de recuperación financiera y reducción de pérdidas, tras cuatro años de los siete pactados en el contrato APP negociado por la desaparecida Coalianza.

El pasado 8 de enero, el presidente del Consejo de Administración de EEH, German Villegas Londoño envió una carta al Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández donde reitera reclamos por más de 700 millones de dólares que considera “obligaciones del Estado de Honduras” con la misma.

Además propuso “conversaciones” sobre el contrato suscrito entre las partes, el cual tiene todavía tres años de vigencia.

La misiva revela “desavenencias” con el socio nacional Enterprise Consulting, al cual pagaron 67 millones de dólares para que vendieran sus acciones, así como servicios prestados y finalización de contrato.

Igualmente que los accionistas han tenido que interponer denuncias ante el Conadeh y el Ministerio Público por las “múltiples amenazas contra la seguridad física delos Directores y funcionarios superiores de EEH”.

Se destaca que debido a desequilibrios financieros se activó el mecanismo de solución de controversias en el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), y solicitud de diligencia preparatoria ante el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán.

También se ha notificado de la situación al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial (BM), al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al gobierno colombiano y a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

Los accionistas de EEH “han propuesta la venta de acciones” de la empresa a valor de libros, además de recibir el pago  del honorario mensual por administrar, mantener y operar la red de distribución de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Incumplimiento de ambas partes

Ante los reclamos del Gobierno de no cumplir con la reducción gradual de pérdidas de energía (17 puntos en siete años), el gerente de EEH, Ricardo Roa se manifestó estar abierto a las consultas o evaluación de las autoridades.

“Lo que estamos cobrando son los honorarios que antes le costaban a la ENEE 17 millones de dólares mensuales, eso tiene una componente en el contrato que es la remuneración de operar, mantener y tener habilitado el sistema de distribución en todo el país, más la atención de los procesos comerciales, la lectura, el cobro, la facturación, el recaudo de la mora, la atención al cliente. Todo eso se remunera vía ese honorario fijo que están pagando”, declaró.

El otro componente es que el inversionista operador se comprometió en una ventana de siete años meterle 358 millones de dólares en los siete años para bajar 17% de pérdidas en el sistema de distribución.

“Hemos invertido 144 millones, nos han validado 112 y nos han devuelto 32 millones. En el contrato estaba establecido que se definiera la línea base de pérdidas en el sistema de distribución y se acordó un numero hipotético de 31,95% de las pérdidas que tenía el sistema de distribución. Pero COALIANZA tenía el compromiso, en seis meses, de realizar una auditoría al sistema de pérdidas de distribución del país que nunca se hizo”, reclamó.

Agregó que el Estado de Honduras dejó de pagarle los 15.5 millones de dólares de honorario fijo pactados en el contrato y empezó a pagar 10.5 millones de dólares.

La ENEE tampoco concretó el estudio del Valor Agregado al Sistema de Distribuciones (VAD), un referente importante para medir si era eficiente o no el honorario fijo que venía recibiendo el operador, dijo Roa quien sumó el “cambio de reglas” como otro de los problemas para cumplir con la meta de bajar 17 puntos en las pérdidas.

Esta podría ser la segunda concesión APP que fracasaría en Honduras, después de la suspensión del contrato para construir el Corredor Turístico, que se paga a través de un fideicomiso bancario.