Gobierno y Adasa buscan acuerdo y concluir el “Corredor Turístico”

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La inversión en infraestructura vial se redujo este año

Aunque existen denuncias de irregularidades en la gestión y construcción, del proyecto carretero “Corredor Turístico” que llevaron a negociaciones en Estados Unidos de una posible demanda internacional, el ente supervisor asegura que el contrato de concesión se mantiene.

En marzo del 2016, el gobierno y el consorcio Autopistas del Atlántico S.A. (Adasa), suscribieron el contrato de concesión de 30 años para la construcción de un corredor turístico de 105 kilómetros que incluye los tramos: El Progreso-Tela, San Pedro Sula-El Progreso y La Barca- El Progreso, con una inversión de más de 162.5 millones de dólares.

Adasa es un consorcio formado por el grupo empresarial Grodco de Colombia y la hondureña Profesionales de la Construcción. El proyecto es financiado con 140 millones de dólares por Banco Ficohsa, JP Morgen Chase, el mayor de Estados Unidos, y la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI).

Esta concesión es parte de la cartera de la Comisión Nacional para la Alianza Público Privada (Coalianza).

Corredor paralizado

La obra está paralizado desde abril y existen varios informes de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) que incluyen multas y sanciones para Adasa, según consta en la Resolución número 022-SAPP-28/08/2017.

Sin embargo, el comisionado presidente de la SAPP, David Williams, informó que “no existen multas y el contrato no se ha rescindido”.

“Hemos abogado porque ese contrato se restablezca en otras condiciones, no de cobro directo al peaje de la comunidad de El Progreso, si no que se busque otra forma de mantener esa vía en buenas condiciones y con mantenimiento”, destacó.

Agregó que la carretera de La Barca a Tela, es una prioridad para el gobierno por la segunda más importante del país.

Sobre la posibilidad de una demanda internacional, aseguró que existe un “un mecanismo de solución anticipada que se está buscando para que el contratista o el concesionario recupere su inversión y el Estado retome el activo para terminar esta obra”.

Esto llevaría al reclamo del seguro internacional que adquirió el concesionario y que “debería de activarse si hubiera un incumplimiento”. El seguro es por el monto de la cobertura total de la inversión que tiene actualmente.

 “La inversión entre capital puesto e inversiones en la carretera, se estima alrededor de 110 millones de dólares, que el concesionario aduce que ha puesto”, señaló.

Sin embargo, Williams estima que habría que verificar esas inversiones con una auditoria externa de primer nivel.

El funcionario reconoció que Adasa se retiró del país y no hay  mantenimiento de la carretera y si se rescinde el contrato se devolverá a  bienes nacionales.

“Nosotros solo daremos una opinión técnica sobre el documento final que se está negociando”, dice el comisionado. 

La negociación se realiza entre Adasa y funcionarios de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest -H) también Cuenta del Milenio Honduras.